A siete meses de haberse denunciado un millonario desfalco en las oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz y Beni, el caso aún no cuenta con acusaciones formales. El Consejo de la Magistratura calificó de dilatorios los procesos penales en curso, que continúan en etapa preparatoria.
El presidente del Consejo, Manuel Baptista, informó que un registrador y tres funcionarios de Derechos Reales en Santa Cruz fueron destituidos por su presunta implicación en los hechos.
El Consejo de la Magistratura se apersonó en el proceso penal en calidad de denunciante y querellante. Sin embargo, los denunciados impugnaron esa participación argumentando que no se los puede considerar víctimas directas, lo que ha ralentizado el proceso.
La denuncia se originó en septiembre de 2024, cuando se detectó una supuesta manipulación informática para alterar y suprimir gravámenes en registros de propiedad.
El 30 de enero, un registrador y tres inscriptoras de las oficinas de Derechos Reales en Santa Cruz fueron aprehendidos tras presentarse a declarar como denunciados por el presunto desvío de dos millones de bolivianos, según informó el fiscal departamental.
Los procesos penales siguen sin acusación formal por parte del Ministerio Público. La Fiscalía amplió los plazos procesales debido a la posible implicación de otros involucrados, entre ellos un subregistrador.
Los denunciados recurrieron a recursos constitucionales para obtener su libertad, y algunos jueces sancionaron al Consejo de la Magistratura por haber impulsado el proceso.
El registrador de Derechos Reales fue destituido, al igual que otros funcionarios administrativos implicados.
El presidente del Consejo pidió a las autoridades del Ministerio Público acompañar el proceso para brindar resultados visibles a la población. Señaló que si los funcionarios son inocentes, deben ser liberados, pero si son culpables, deben ser sancionados para evitar que estos delitos se repitan.
El primer allanamiento relacionado con este caso se realizó el 26 de septiembre de 2024 en Santa Cruz, tras una denuncia del Consejo de la Magistratura por delitos de manipulación informática. El más reciente se efectuó en las oficinas centrales de Derechos Reales en Sucre, incluyendo sus unidades de informática.
