Al menos dos funcionarios de la Caja Petrolera de Salud (CPS) en Santa Cruz están siendo investigados por su presunta participación en un esquema de corrupción vinculado a ítems fantasmas. Ambos ya fueron arrestados y trasladados a dependencias policiales.
Una intervención realizada por una comisión enviada desde La Paz permitió detectar pagos irregulares que habrían generado un daño económico estimado, de forma preliminar, en al menos un millón de bolivianos. El operativo se centró en la unidad de Recursos Humanos (RRHH), donde se encontraron planillas adulteradas y documentos sospechosos.
A través de un comunicado oficial, la CPS informó que esta acción permitió “desenmascarar una red delincuencial que operaba dentro de la institución”. La investigación reveló la venta ilegal de ítems, el registro de trabajadores inexistentes en las planillas (ítems fantasmas) y el pago de salarios y beneficios a terceros, sin respaldo legal ni administrativo. «Esto refleja una grave falta de ética por parte de algunos funcionarios», señaló la entidad.
Javier García, director ejecutivo de la CPS, detalló que “la auditoría detectó planillas alteradas desde el año 2020, con fuertes indicios de pagos irregulares y generación de ítems fantasma, particularmente en la oficina de RRHH”.
En una primera revisión, se identificó que dos funcionarios habrían cobrado sueldos y beneficios correspondientes a al menos dos ítems inexistentes. Además, se habrían pagado suplencias, vacaciones y otros beneficios a personas que no estaban acreditadas oficialmente.
La Policía allanó las oficinas regionales de la CPS en Santa Cruz e incautó planillas, equipos de computación y otros documentos que serán parte de la investigación.
La Oficina de Asesoría Legal de la CPS informó que los funcionarios arrestados eran responsables de RRHH, y señaló que este tipo de irregularidades datan, al menos, desde 2020. “Se ha hecho un ejercicio de muestreo. Creemos que hay entre 30 y 40 ítems fantasmas por gestión. La auditoría en curso determinará el número exacto. El daño preliminar se calcula en un millón de bolivianos, pero podría ser mayor”, indicó el asesor legal.
Ante estos hechos, la institución activó nuevos mecanismos de control interno y ha iniciado varias auditorías para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Por su parte, el abogado de uno de los acusados aseguró que su defendido solo cumplía órdenes superiores para llenar las planillas, y denunció que el allanamiento se realizó sin una orden fiscal.
CPS: Detectan red de ítems fantasmas desde 2020
