El Ministerio de Educación reafirma la importancia de aplicar el Protocolo de Prevención, Actuación y Denuncia frente a casos de violencia física, psicológica y sexual en unidades educativas y Centros de Educación Especial. Este protocolo es prioridad para las Direcciones Departamentales de Educación cuando se detecten situaciones que lo requieran.
El documento se basa en principios como el interés superior de la niña, niño o adolescente, la cultura de paz, la lucha contra la discriminación, el respeto a la identidad, integridad y dignidad, así como la equidad de género e igualdad de derechos.
El protocolo prohíbe toda forma de contacto inapropiado, incluyendo manoseos y caricias hacia menores, que constituyen violencia sexual, ya sean consentidos o no, y alertan a la comunidad educativa.
La violencia sexual se define como cualquier conducta que afecta la libertad e integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, tipificada como delito en el Código Penal. Esta violencia no es un asunto privado, sino una vulneración grave a derechos fundamentales que involucra a toda la comunidad educativa.
Entre las formas de violencia sexual se encuentran: forzar a tocar partes íntimas, hacer comentarios sexuales, exponer a menores a pornografía, tomar fotos íntimas, masturbarse frente a ellos, chantajearlos, acosarlos, manipular emocionalmente, usar lenguaje erótico o inventar “juegos” con fines abusivos, y espiar en momentos privados como en el baño o al cambiarse.
El Ministerio enfatiza que cuando una niña, niño o adolescente denuncia haber sido víctima de violencia sexual, se debe creer en su relato. Aunque sea difícil aceptar que un familiar o persona cercana sea el agresor, no se debe dudar ni culpar a la víctima.
La prevención y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad colectiva dentro de las instituciones educativas.
