Marcelo Montenegro pidió al Legislativo priorizar el interés nacional y aprobar la norma que fortalece la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
En respuesta directa a las observaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, anunció el envío de un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), cuyo objetivo es subsanar las falencias normativas que llevaron a Bolivia a ser incluida en la denominada “lista gris”.
“El proyecto representa un paso firme en nuestra voluntad de reforzar el marco legal contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo”, declaró Montenegro en conferencia de prensa, al referirse a la normativa que incorpora herramientas técnicas recomendadas por el organismo internacional.
El 13 de junio, el GAFI decidió incluir a Bolivia entre las jurisdicciones bajo mayor vigilancia, debido a la falta de leyes que permitan aplicar técnicas especiales de investigación en casos vinculados al lavado de activos. Esta inclusión implica un monitoreo más estricto de las operaciones financieras bolivianas y podría afectar su reputación internacional.
Montenegro recordó que desde 2021 el Gobierno alertó sobre esta posibilidad, debido a la falta de consenso político en la Asamblea Legislativa, que impidió el avance de normas claves como la Ley 1386 y los proyectos PL 218 y PL 280, presentados en 2021 y 2023. Estas iniciativas buscaban alinear la legislación nacional con los estándares globales en materia de prevención de delitos financieros, pero fueron bloqueadas por sectores de la oposición.
“El sabotaje parlamentario y la desinformación política que rodearon la Ley 1386 impidieron que el país avanzara en la dirección correcta. Hoy, el desafío se mantiene y debemos responder con responsabilidad institucional”, subrayó el ministro.
El nuevo proyecto de ley responde directamente a los compromisos asumidos por el Estado boliviano en la última reunión del GAFI y del Comité Moneyval, en la cual el país se comprometió a corregir las observaciones en un plazo máximo de dos años. El Gobierno espera que en este periodo se logre la aprobación de la normativa requerida para salir de la lista gris.
Montenegro hizo un llamado directo a los legisladores: “Apelamos a que el Órgano Legislativo actúe con responsabilidad histórica. Este no es un tema partidario, sino una necesidad urgente para preservar la estabilidad económica del país y garantizar nuestra credibilidad internacional”.
Finalmente, aseguró que el Ejecutivo entregará todos los insumos técnicos necesarios para el análisis y debate legislativo, reafirmando su compromiso con la transparencia, la cooperación internacional y la protección del sistema financiero nacional.
