La minería del oro en Bolivia sostiene un negocio multimillonario que ha potenciado el mercado negro del mercurio. Pese a que el país es signatario del Convenio de Minamata, el uso y comercialización de este metal tóxico continúa sin restricciones, tanto por vías legales como ilegales.
La reciente incautación en Perú de cuatro toneladas de mercurio destinadas a Bolivia pone en evidencia las redes de contrabando que operan en la región. Según la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), en los últimos seis años se traficaron 200 toneladas desde México hacia Bolivia, Colombia y Perú.
Datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) muestran que, entre 2013 y octubre de 2023, Bolivia importó 1.480 toneladas de mercurio por un valor de 57,3 millones de dólares. Solo en 2022, las importaciones alcanzaron los 5,1 millones, ubicando al país como el segundo mayor comprador después de Emiratos Árabes Unidos. Los principales proveedores fueron Tayikistán, Rusia, China y Emiratos Árabes.
El mercurio es esencial en la extracción de oro, particularmente en la minería aluvial. Según un informe de Oxfam, en ese tipo de explotación se emplean 0,4 kg de mercurio por cada kilo de oro, mientras que en minería subterránea el uso asciende a cinco kilos por kilo de oro producido.
La producción de oro en Bolivia alcanzó las 53,3 toneladas en 2022, un 91% más que el promedio registrado entre 2014 y 2018. Este auge responde al alza del precio internacional y a políticas internas que han favorecido la expansión de cooperativas mineras, responsables del 99,6% de la producción legal del oro. Sin embargo, este crecimiento también ha ido acompañado del incremento de la actividad ilegal.
Se estima que al menos 40 toneladas de oro se producen anualmente de forma no registrada, generando un valor cercano a los 1.800 millones de dólares. Parte de esta producción ingresa al mercado formal mediante mecanismos de legalización, y frecuentemente se mezcla con oro de contrabando proveniente de países vecinos, especialmente Perú.
El impacto ambiental y social es significativo. Estudios señalan que la minería aurífera se ha expandido en ríos de la Amazonía boliviana, áreas protegidas y territorios indígenas, provocando contaminación, conflictos sociales y daños irreversibles a los ecosistemas. La exposición al mercurio representa una grave amenaza para la salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera uno de los diez compuestos más peligrosos para la salud humana.
Una investigación reciente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz reveló que el 75% de las personas analizadas en 36 comunidades presentaban niveles de mercurio en el cabello por encima del límite establecido por la OMS (1,0 parte por millón), lo que evidencia una exposición crónica con riesgos neurológicos, respiratorios y renales, especialmente en niños.
A pesar de las alertas y el compromiso internacional asumido por el Estado boliviano, la minería del oro continúa sin mecanismos de regulación efectivos sobre el uso del mercurio, lo que agrava la situación ambiental y de salud en varias regiones del país.
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