El activista de derechos humanos y representante de las víctimas de la masacre de Senkata, David Inca, aclaró que la reciente instrucción emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar las detenciones preventivas no beneficiará a Jeanine Áñez, debido a que la exmandataria ya tiene una sentencia ejecutoriada.
“El Tribunal Supremo ha determinado la revisión sobre el tiempo de detención, si es que están enmarcados en lo que la ley dice o se han excedido (del tiempo de la detención preventiva). Si revisan y dicen que ha habido un exceso, entonces van a determinar su liberación, se van a defender en libertad. Pero no así en el caso de la señora Áñez, porque ella ya tiene una sentencia por el delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución de 10 años”, explicó Inca.
La sentencia contra Áñez fue dictada el 10 de junio de 2022, luego de que un tribunal la declarara culpable por su asunción a la presidencia en noviembre de 2019, en un proceso que, según la acusación, no siguió los mecanismos constitucionales de sucesión.
Inca hizo esta aclaración tras la emisión del instructivo 18/2025 del TSJ, que ordenó a los Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ) revisar de forma inmediata el cumplimiento de los plazos de detención en los casos de Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y la propia Áñez.
No obstante, la disposición del TSJ remarca que “Bajo ninguna circunstancia puede entenderse como intromisión interna a las facultades privativas que tiene cada administrador de justicia, sino, por el contrario, debe ser el reflejo y la máxima expresión de la independencia judicial que se manifiesta en las resoluciones sin injerencias ni presiones”.
Camacho y Pumari, ambos exlíderes cívicos, continúan privados de libertad por su participación en las protestas poselectorales de 2019. Estas movilizaciones se originaron tras las denuncias de un presunto “fraude monumental” en las elecciones del 20 de octubre de ese año.
Las protestas escalaron con un motín policial y la posterior sugerencia de las Fuerzas Armadas para que Evo Morales renuncie, hecho que ocurrió el 10 de noviembre de 2019. Dos días más tarde, Jeanine Áñez, entonces senadora de minoría, asumió la presidencia del Senado y luego la del Estado, en actos realizados sin quórum y sin la presencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), que tenía mayoría parlamentaria.
La asunción fue considerada por sus detractores un «golpe de Estado», ya que Áñez no se encontraba en la línea de sucesión constitucional.
Áñez no será beneficiada por decisión del TSJ sobre detención preventiva, advierte David Inca
