En un fallo calificado como “histórico” por activistas y expertos, la justicia boliviana impuso la pena máxima de cinco años de prisión a Diego P. Q., un mecánico que mató a golpes a un perro en la ciudad de El Alto. El abogado Diego Espinoza, representante legal y miembro de la Fundación Rescata, Protege y Cambia (RPC), destacó la importancia del veredicto emitido por el Juzgado Segundo de Sentencia de El Alto, presidido por la jueza Nadia Soria Galvarro.
“Esta es una sentencia histórica porque se le aplica la pena máxima a un biocida”, afirmó Espinoza, citado por la agencia ABI. En Bolivia, el biocidio está tipificado en el Código Penal y sanciona con penas de 2 a 5 años de prisión a quien mate a un animal con ensañamiento o motivos fútiles. Además, el Artículo 350 contempla sanciones para actos de crueldad que causen sufrimiento grave o daño a animales, aumentando la pena cuando resulte en muerte.
El caso, ocurrido en febrero de 2024 y con un proceso judicial que duró un año y medio, estuvo marcado por intentos de dilación de la defensa. El agresor, dueño de una tienda de venta de llantas en la avenida 6 de Marzo, golpeó al perro con una gata mecánica en tres ocasiones y luego lo ahorcó, provocando una muerte lenta y dolorosa que se extendió por más de cuatro horas.
“Se ha valido del fierro que se utiliza para levantar un auto, una gata, y lo ha golpeado en tres ocasiones para finalmente ahorcarlo (…). Esta muerte se ha prolongado por más de cuatro horas, hasta que el perrito finalmente ha sido botado en un basurero como si fuese cualquier cosa”, relató Espinoza en una entrevista con el canal estatal.
La víctima, un perro llamado “Chapi” de tamaño pequeño y propiedad del cuñado del agresor, fue atacada cuando descansaba al sol sin provocación.
La defensa intentó justificar el ataque alegando que el animal había agredido a los hijos del acusado, argumento que fue rechazado por pruebas en video. “No había una justificación. Han tratado de alegar una emoción violenta que no ha podido ser demostrada en ningún momento”, puntualizó el abogado.
Aunque la sentencia debe pasar por una fase de recursos, la parte acusadora solicitará su cumplimiento íntegro. “Nosotros vamos a pedir que se cumpla en el penal de San Pedro los cinco años completos porque tampoco se prevé una salida alternativa para quienes cometen este tipo de delitos”, concluyó Espinoza.
