El exministro de Economía José Luis Parada Rivero fue condenado a ocho años de prisión por gestionar una asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez sin contar con la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En el mismo proceso, dos exejecutivos del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte Reyes Ortiz y Walter Guzmán Tordoya, fueron declarados en rebeldía y sentenciados a cinco y un año de cárcel, respectivamente.
La operación, realizada en abril de 2020 bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido del FMI, implicó el ingreso de 327 millones de dólares que fueron devueltos en febrero de 2021. Según el Ministerio Público y la Procuraduría, esta transacción causó daño económico al Estado debido a la variación del tipo de cambio y la ausencia de una ley que la respalde. No obstante, especialistas han señalado que se trató de una gestión de reservas internacionales que no requería aprobación legislativa, lo que ha generado controversia sobre la legalidad del proceso.
Cinco exdirectores del BCB fueron absueltos, mientras que la defensa de los condenados denunció una presunta persecución política y doble juzgamiento. Además, recordaron que en gestiones anteriores se realizaron operaciones similares sin autorización parlamentaria. El procurador Ricardo Condori calificó la sentencia como un precedente favorable para la protección del patrimonio estatal, aunque el debate jurídico y político sobre el caso sigue abierto.
