María Luisa Herrera, Jefa Nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado, participó en la Sesión Técnica titulada “Prevención de Actividades Ilícitas Ambientales: el Papel de las Comunidades Tradicionales, el Uso de Nuevas Tecnologías y el Rol de las Instituciones Financieras”, realizada en Belem do Pará, Brasil, donde propuso la creación de una Red de Fiscalías Ambientales (RFA) para fortalecer la lucha contra estos delitos.
“Desde el Ministerio Público de Bolivia, liderado por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, consideramos que la lucha contra los delitos ambientales debe ser asumida como una obligación ética, jurídica y cultural, alineada a los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, que reconoce a la Madre Tierra como sujeto de derechos y mandata su defensa como un deber estatal e institucional”, afirmó Herrera durante su intervención.
La sesión formó parte del evento internacional Heads of Prosecution Services Side Event for COP30 de las Naciones Unidas, donde Bolivia propuso la creación de la RFA, una plataforma de cooperación regional que busca fortalecer la articulación entre fiscalías, pueblos indígenas, organismos ambientales y entidades financieras. Esta iniciativa pretende integrar mecanismos como alertas comunitarias, monitoreo satelital y trazabilidad financiera para ofrecer un modelo de investigación y prevención más efectivo frente a la criminalidad ambiental transnacional.
También se presentaron los avances tecnológicos impulsados por el Ministerio Público con el Ecosistema ROMA, una plataforma digital integral para el seguimiento de causas penales, que está siendo adaptada para abordar delitos ambientales como minería ilegal, tráfico de madera y contaminación de fuentes hídricas, mediante herramientas como la interoperabilidad con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
El encuentro reunió a autoridades de alto nivel de Ministerios Públicos de América Latina y otros países invitados como Brasil, Chile, China, Colombia y Uruguay, quienes compartieron experiencias sobre el manejo jurídico y técnico de los delitos ambientales y debatieron los retos globales de la justicia penal frente a estos crímenes, buscando promover alianzas estratégicas para proteger los ecosistemas y las comunidades más vulnerables.
