Quispe advirtió que el precio de mercado no debe aplicarse al servicio público, sino únicamente a las empresas que necesiten ese combustible.
“Que lo hagan, pero sin tocar el servicio público”, sostuvo el dirigente, según informó Erbol.
Enfatizó que el transporte público no aceptará un aumento en el precio del combustible.
En este contexto, la Cámara de Diputados aprobó la «Ley Corta Excepcional y Transitoria para Garantizar el Abastecimiento de Diésel y Gasolina en Situación de Emergencia», que permite temporalmente la importación privada de combustibles para asegurar el suministro en el país. Esta norma, sancionada en la última sesión del periodo constitucional 2020-2025, establece un régimen excepcional de tres meses que autoriza a personas naturales o jurídicas a importar diésel, gasolina y gas licuado de petróleo (GLP), bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debe mantener la provisión prioritaria estatal y comunicar con anticipación su capacidad de abastecimiento. Si no cubre el 100% de la demanda, los privados podrán importar o comprar combustible a precio diferenciado y bajo libre competencia.
La ANH será responsable de otorgar la Licencia Excepcional de Importación y Despacho Directo (LEIDD) a través de una ventanilla digital única, con un plazo máximo de 48 horas hábiles para emitir respuesta; de no hacerlo, aplicará el principio de silencio positivo.
Las importaciones bajo este régimen estarán exentas del Impuesto a la Transferencia (IT) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Las estaciones de servicio podrán comprar combustible a importadores autorizados o importar directamente desde frontera, con un límite de hasta 19.900 litros de diésel por operación.
Para garantizar transparencia, la ANH implementará un sistema de control con monitoreo GPS en tiempo real, publicará diariamente datos de importación y fiscalizará la calidad del combustible. Las infracciones como acaparamiento, adulteración o especulación serán sancionadas con multas, suspensión de licencias y posibles denuncias penales.
La ley busca garantizar el abastecimiento nacional ante posibles emergencias y tendrá una vigencia excepcional de tres meses desde su promulgación.
