La Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones solicitó que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo sea sometida a una intervención técnica profunda, acompañada de auditorías especializadas que evalúen de manera detallada el manejo financiero de los recursos administrados desde su creación. La organización expresó preocupación por la falta de claridad en varios informes internos y en la situación real de los fondos destinados a las pensiones de los trabajadores.
El dirigente nacional, Rodolfo Ayala, explicó que la demanda surge a raíz de observaciones acumuladas, tanto de jubilados como de distintos sectores que cuestionan si la Gestora cuenta con los mecanismos adecuados de control y si las inversiones realizadas en años anteriores se ajustan a las normas vigentes. Según Ayala, la revisión técnica debe incluir estados financieros, movimientos operativos, contratos, inversiones, proyecciones actuariales y la gestión administrativa de las diferentes gerencias que pasaron por la entidad.
El dirigente indicó que los jubilados consideran fundamental que la auditoría sea realizada por un equipo independiente y con experiencia financiera, para evitar cualquier interferencia que pueda distorsionar los resultados. “Necesitamos que este informe sea estrictamente técnico y que se conozca la verdad sobre cómo se han administrado los aportes de la gente. Solo así podremos recuperar la confianza en la institución”, declaró.
Asimismo, la Confederación pidió que el informe final se presente de manera pública y detallada, antes de que cualquier instancia gubernamental o sindical lo interprete o emita conclusiones. La preocupación central es que los fondos destinados a las pensiones —que dependen directamente del rendimiento y la estabilidad económica de la Gestora— no se vean comprometidos por malas decisiones administrativas o por la falta de controles adecuados.
Los jubilados señalaron que esta revisión no solo busca identificar posibles irregularidades, sino también fortalecer la estructura operativa de la Gestora, garantizando que los aportes de millones de trabajadores estén protegidos a largo plazo. En su criterio, una auditoría completa permitiría corregir fallas, mejorar los sistemas internos y asegurar que la gestión de pensiones se mantenga en un marco de transparencia y sostenibilidad.
