La filtración de un proyecto de decreto supremo que plantea modificar el régimen laboral de los trabajadores de YPFB y ENDE generó preocupación en las organizaciones sindicales. El documento sugiere pasar del amparo de la Ley General del Trabajo al Estatuto del Funcionario Público, lo que implicaría la pérdida de beneficios sociales y la restricción del derecho a sindicalización en el sector energético y petrolero.
Ante esta situación, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado nacional de emergencia para el miércoles 26 de noviembre en La Paz, donde se prevé definir medidas de rechazo. Diversos sindicatos, como los de ENDE-Cochabamba y la Confederación de Trabajadores de Luz, Telecomunicaciones, Aguas y Gas, ya expresaron su oposición, calificando la iniciativa como un atentado contra la estabilidad laboral y los derechos adquiridos.
Los dirigentes advierten que el cambio de régimen podría abrir la puerta a un proceso de privatización y derivar en un incremento de tarifas para la población. Además, remarcan que los problemas administrativos de las empresas públicas no deben recaer sobre el personal operativo. En ese contexto, las organizaciones laborales llaman a la unidad nacional para frenar la propuesta y defender los servicios estratégicos del país.
