El decreto activa medidas excepcionales de defensa nacional, pero deja abiertas dudas clave sobre su alcance, duración y efectos.
La conmoción interior es un mecanismo constitucional que otorga poderes extraordinarios al Gobierno nacional para enfrentar graves alteraciones del orden público. Su declaratoria está sujeta al control de la Corte Constitucional y tiene una duración máxima de 90 días, prorrogable hasta 180 días adicionales.
Expertos advierten que este tipo de medidas, aunque constitucionales en contextos extraordinarios, requieren controles institucionales para evitar abusos de poder. En otros países de la región, la conmoción interior está sujeta a revisión judicial y a límites temporales estrictos, precisamente para equilibrar seguridad y derechos ciudadanos.
Hasta el momento, el gobierno venezolano ha señalado que el decreto busca prevenir nuevos hechos violentos, mientras sectores críticos expresan preocupación por su impacto en las libertades políticas y sociales, en un contexto ya marcado por tensiones internas.
