miércoles, enero 21, 2026
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Detienen a juez en Santa Cruz por admitir recurso ilegal que buscaba frenar cancelación de la personería jurídica de ADN y afectar elecciones subnacionales 2026

La justicia boliviana aprehendió al juez Michael Quiroga, del Juzgado Público Mixto de Cuatro Cañadas, tras admitir un recurso de amparo que carecía de competencia legal y que intentaba frenar el proceso de cancelación de la personería jurídica del partido Acción Democrática Nacionalista (ADN). Quiroga fue detenido mientras intentaba abandonar la jurisdicción y será trasladado a la capital cruceña para enfrentar el debido proceso, confirmaron las autoridades.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura, señalando que la actuación del juez se realizó “en abierta contradicción con la Constitución” y pese a la declinatoria de competencia emitida el 19 de enero, sin contar con jurisdicción electoral ni territorial para conocer el amparo.

El recurso de amparo buscaba, según sus promotores, restituir a los 136 candidatos de la alianza SAO-ADN que habían sido excluidos de las próximas elecciones subnacionales de 2026 luego de que el TSE cancelara la personería jurídica del partido por no cumplir los requisitos legales mínimos de votación. Las autoridades electorales advirtieron que la actuación del magistrado podía poner en riesgo el normal desarrollo del calendario electoral y violar el principio de preclusión procesal vigente.

El TSE reafirmó que ADN no podrá participar en los comicios subnacionales de este año debido a que no alcanzó el mínimo de votos requeridos por la ley, consolidando la legalidad de la cancelación de la personería del partido. “Se ha actuado conforme a la normativa electoral vigente y no se permitirá que acciones fuera de la ley alteren el curso normal del proceso electoral”, indicó una autoridad del Tribunal.

El caso genera un precedente sobre la responsabilidad de los jueces y la vigilancia del cumplimiento de la Constitución y la normativa electoral, reforzando el mensaje de que la justicia no permitirá actos que puedan comprometer la transparencia y regularidad de los comicios en Bolivia.

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