El Gobierno boliviano oficializó el estreno del mando electrónico exterior, un mecanismo mediante el cual el presidente Rodrigo Paz puede ejercer sus funciones ejecutivas a distancia utilizando medios electrónicos mientras se encuentra fuera del país, según lo habilita el Decreto Supremo 5515. Esta norma permite que el jefe de Estado firme decretos, apruebe resoluciones y tome decisiones oficiales sin necesidad de estar físicamente en territorio boliviano, una herramienta que se ha utilizado especialmente durante los viajes internacionales del mandatario, como su participación reciente en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en Panamá.
El decreto modifica la manera tradicional en que se transfiere el mando en ausencia física del presidente, creando un precedente para la implementación de tecnologías digitales en la gestión de funciones ejecutivas. Según las autoridades del Ejecutivo, esta actualización busca garantizar la continuidad administrativa del país, permitiendo que las decisiones del gobierno no se vean interrumpidas por desplazamientos internacionales y asegurando que la gobernabilidad se mantenga incluso cuando el presidente se encuentra fuera.
El presidente Paz ha destacado que el mecanismo permite agilizar la toma de decisiones, firmar decretos y mantener contacto permanente con ministros y autoridades estatales, evitando retrasos en la gestión pública y fortaleciendo la eficiencia del Ejecutivo. “Con esta herramienta tecnológica, podemos garantizar que las funciones del gobierno se cumplan de manera inmediata, sin importar la ubicación geográfica del presidente”, señalaron voceros oficiales.
Sin embargo, la medida también ha generado debate sobre la reorganización del ejercicio del poder ejecutivo y sobre la interpretación de normas constitucionales tradicionales. Algunos críticos han señalado que este mecanismo digital podría alterar prácticas establecidas sobre la suplencia del mando, que tradicionalmente recae en el vicepresidente durante la ausencia física del presidente. Según estos sectores, el uso de firmas electrónicas introduce un cambio significativo en la dinámica de sucesión y delegación de funciones, por lo que se requiere un análisis cuidadoso para asegurar que no haya conflictos legales o constitucionales.
El Ejecutivo, por su parte, ha defendido la norma como un paso hacia la modernización administrativa y tecnológica del Estado, argumentando que su implementación responde a la necesidad de adaptar la gestión gubernamental a los desafíos contemporáneos, incluyendo la creciente movilidad internacional de los líderes y la aceleración de procesos de decisión en la administración pública. Incluso se ha planteado la posibilidad de una revisión constitucional futura para formalizar este mecanismo y garantizar su plena compatibilidad con la normativa vigente sobre el ejercicio del poder ejecutivo.
El decreto ha sido percibido también como una herramienta estratégica para fortalecer la gobernabilidad en momentos de viajes oficiales, participación en foros internacionales y negociación de acuerdos bilaterales o multilaterales. Al permitir al presidente firmar decretos y tomar decisiones de manera electrónica, se asegura que las políticas públicas y la ejecución de planes estratégicos del país continúen sin interrupciones, manteniendo un contacto permanente con los ministerios y entidades estatales.
En suma, Bolivia inaugura una modalidad inédita de gestión digital del poder ejecutivo con el fin de garantizar continuidad administrativa, agilizar procesos decisorios y modernizar el funcionamiento del gobierno. La implementación de firmas electrónicas en el ejercicio de funciones presidenciales desde el exterior representa un cambio significativo en la manera de ejercer el poder, marcando un hito en la digitalización del Estado y generando un debate sobre los límites y alcances de la administración electrónica en la vida política y constitucional del país.
