Desde el 1 de enero de 2026 rige oficialmente en Bolivia el nuevo salario mínimo nacional de Bs 3.300, de acuerdo con el reglamento aprobado por el Gobierno, que establece los lineamientos para su aplicación en los sectores público y privado. La norma busca garantizar el cumplimiento obligatorio del incremento salarial y proteger los derechos laborales de los trabajadores del país.
Entre las 9 claves principales del reglamento, se establece que el nuevo salario mínimo es de aplicación obligatoria para todas las empresas, instituciones públicas, entidades privadas y empleadores particulares. Asimismo, se dispone que ningún trabajador puede percibir un salario inferior a Bs 3.300, independientemente del tipo de contrato o modalidad laboral.
Otra de las disposiciones centrales es que el incremento debe aplicarse de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2026, lo que implica que los empleadores deberán regularizar los pagos correspondientes a los meses anteriores. Además, el reglamento señala que el salario mínimo sirve como base de cálculo para beneficios sociales, aportes a la seguridad social, indemnizaciones y otros derechos laborales.
También se establece que el ajuste salarial no afecta otros bonos, beneficios adicionales ni acuerdos internos que ya tengan las empresas con sus trabajadores, los cuales deben mantenerse vigentes. En caso de incumplimiento, se prevén sanciones administrativas y económicas para los empleadores que no apliquen la normativa.
Desde el Gobierno, autoridades laborales señalaron que el objetivo del nuevo salario mínimo es proteger el poder adquisitivo, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y fortalecer el mercado interno. “Este incremento busca dignificar el trabajo y garantizar un ingreso básico que permita cubrir necesidades esenciales”, afirmaron desde el Ministerio de Trabajo.
Por su parte, representantes de organizaciones sindicales valoraron la medida como un avance en la defensa de los derechos laborales, aunque pidieron controles efectivos para garantizar que el reglamento se cumpla en todo el país, especialmente en el sector privado y en regiones donde existe alta informalidad laboral.
