El Congreso nacional analiza un proyecto de “Ley de Cielos Abiertos” que podría marcar un antes y un después en el sector de transporte aéreo del país, ya que obligaría a Boliviana de Aviación (BoA) a operar sin subvenciones del Estado y podría derivar en su privatización si se comprueba que la empresa no es financieramente sostenible. La iniciativa, presentada por la senadora Tomasa Yarhui, establece que BoA deberá financiar todas sus operaciones con recursos propios y presentar estados financieros detallados de manera periódica; de demostrarse pérdidas continuas, irregularidades administrativas o incumplimiento de la normativa vigente, el Ejecutivo podría disponer la privatización, concesión o transformación de la aerolínea bajo las modalidades contempladas en el Código de Comercio.
BoA fue creada el 24 de octubre de 2007, tras el colapso del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), con el objetivo de ser una empresa pública estratégica de bandera con autonomía de gestión bajo el ministerio de Obras Públicas. Inició operaciones el 30 de marzo de 2009, y durante sus primeros años recibió inversiones significativas del Estado para consolidar rutas nacionales e internacionales, así como para fortalecer la conectividad de regiones apartadas del país. Entre 2008 y 2022, BoA registró pérdidas acumuladas por Bs 222 millones y recibió Bs 500 millones en subsidios estatales para su mantenimiento y operación, lo que ha motivado la discusión sobre la necesidad de que opere como empresa autosuficiente.
El proyecto de ley también propone abrir el mercado aéreo a empresas nacionales y extranjeras sin límites de participación, permitiendo que capitales extranjeros puedan ingresar sin restricciones. Esta apertura buscaría garantizar la libre competencia, prohibir prácticas monopólicas y regular las tarifas a través de la autoridad competente, tal como se hace actualmente, con la intención de generar eficiencia en el sector, mejorar la calidad de los servicios y atraer inversiones estratégicas que fortalezcan el transporte aéreo en el país.
Expertos del sector advierten que esta medida podría generar incertidumbre sobre la continuidad de BoA, afectar la conectividad nacional y elevar los precios de los pasajes en rutas clave, especialmente en regiones donde la aerolínea estatal es el principal vínculo con la capital o con otros países. “Si BoA desaparece, los precios podrían subir y la conectividad bajar”, afirmó un pasajero frecuente. Otros especialistas señalan que, aunque la competencia podría traer beneficios en el largo plazo, la transición deberá manejarse cuidadosamente para evitar interrupciones en los servicios, especialmente en rutas menos rentables que conectan regiones aisladas.
Por otro lado, legisladores que apoyan la iniciativa destacan que la libre competencia permitiría modernizar la industria aérea, atraer capital privado, mejorar la eficiencia de las aerolíneas y garantizar un servicio más competitivo. Señalan que el objetivo de la ley no es eliminar BoA, sino obligarla a operar bajo principios de sostenibilidad financiera y responsabilidad administrativa, evitando que continúe recibiendo subsidios para cubrir pérdidas operativas.
El proyecto también contempla modificaciones a la Ley de Aeronáutica Civil, derogando limitaciones sobre la participación de capital extranjero en empresas aéreas y estableciendo que cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pueda constituir y operar aerolíneas sin restricciones de participación. A pesar de esto, la regulación de tarifas y la supervisión de la competencia seguirán bajo la autoridad correspondiente, buscando evitar que los usuarios se vean afectados por prácticas abusivas o desleales.
Ciudadanos y usuarios expresan opiniones encontradas: mientras algunos valoran la posible llegada de nuevas aerolíneas y rutas que podrían abaratar costos, otros temen que la desaparición o debilitamiento de BoA afecte la conectividad y eleve precios en rutas nacionales e internacionales. “BoA nos garantiza vuelos en lugares donde otras aerolíneas no llegan, perderla sería un golpe para los ciudadanos del interior”, dijo un empresario de transporte aéreo regional.
El debate en el Congreso sobre la “Ley de Cielos Abiertos” refleja un dilema entre fortalecer una empresa estratégica del Estado y fomentar la libre competencia en el sector aéreo. La discusión también pone sobre la mesa temas de sostenibilidad financiera, transparencia administrativa y planificación de políticas públicas que aseguren la conectividad de todas las regiones del país sin comprometer la estabilidad económica de los servicios aéreos. Mientras tanto, ciudadanos, expertos y legisladores siguen de cerca las deliberaciones, conscientes de que la decisión podría definir el futuro del transporte aéreo boliviano y el acceso de la población a vuelos nacionales e internacionales en los próximos años.
