Autoridades firmaron un acuerdo con un sector campesino en Beni sobre la Ley 1720, lo que derivó en el repliegue de algunos grupos; sin embargo, otro bloque mantiene la movilización hacia La Paz.
En medio de las tensiones por la Ley 1720, el Gobierno alcanzó un acuerdo con organizaciones campesinas de las provincias Ballivián y Vaca Díez, en el departamento de Beni, durante una reunión desarrollada en Rurrenabaque.
Según informó el Ministerio de Desarrollo Rural, el documento suscrito establece que la aplicación de la normativa se restringe exclusivamente a predios privados titulados, con el objetivo de facilitar el acceso a financiamiento. Asimismo, se garantiza que la ley no afecta a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) ni a los derechos territoriales de comunidades indígenas y campesinas.
Como parte del acuerdo, sectores de Ballivián y algunas comunidades de Vaca Díez decidieron retirarse de la marcha que se dirigía hacia la ciudad de La Paz, en señal de conformidad con los compromisos asumidos. Desde el Gobierno se destacó este avance como un resultado del proceso de diálogo impulsado en la región.
No obstante, la movilización no se ha desactivado por completo. Otro grupo de marchistas continúa con su recorrido, pese a haber sostenido reuniones con autoridades. “Rompieron el diálogo porque solo quieren modificar un par de artículos”, afirmó uno de los participantes de la marcha, al expresar su desacuerdo con los alcances de la negociación.
En contraste, otro dirigente señaló que el diálogo no se interrumpió, pero consideró insuficiente el nivel de las autoridades presentes. “No rompimos el diálogo, pero seguimos movilizados porque nos reunimos con autoridades sin poder de decisión”, indicó.
La marcha, que partió hace más de una semana desde el departamento de Pando, exige la abrogación de la Ley 1720, normativa que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a recategorizar pequeñas propiedades como medianas.
El conflicto en torno a esta ley se mantiene abierto, con posiciones divididas entre sectores que optan por el diálogo y otros que continúan con medidas de presión en demanda de cambios estructurales en la normativa.
