Un informe oficial reveló un panorama crítico en el sector empresarial estatal de Bolivia, donde al menos 15 compañías se encuentran en quiebra técnica, con pérdidas millonarias y una fuerte dependencia del endeudamiento para sostener sus operaciones.
El director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, presentó un balance sobre 67 empresas estatales, señalando que gran parte de ellas enfrenta dificultades estructurales. “Se identifican al menos 15 empresas en quiebra técnica”, explicó, al detallar que estas registran patrimonio negativo y no cuentan con capacidad para operar sin respaldo externo.
De acuerdo con los datos expuestos, este grupo de empresas acumula pérdidas por 2.655 millones de bolivianos y un patrimonio negativo de 1.901 millones, lo que refleja un deterioro sostenido en su situación financiera. Camacho atribuyó estos resultados al modelo económico aplicado en las últimas décadas, basado en la inversión estatal para impulsar la producción nacional. “Se destinaron más de 73.000 millones de bolivianos en créditos para financiar estas iniciativas”, indicó.
El informe también advierte que la mayoría de las empresas públicas presenta baja generación de ingresos propios, lo que incrementa su dependencia de recursos estatales y financiamiento externo. Este escenario se vuelve más complejo en un contexto de presión sobre las finanzas públicas y una reducción en las reservas internacionales.
En ese marco, Camacho señaló la necesidad de evaluar la sostenibilidad de estas entidades y mejorar sus condiciones de funcionamiento. “Muchas de estas empresas no cuentan siquiera con estudios TESA (Técnico, Económico, Social y Ambiental)”, afirmó, al subrayar la importancia de realizar auditorías para determinar su viabilidad.
El diagnóstico reabre el debate sobre el futuro de las empresas estatales en Bolivia, en un escenario donde se analizan alternativas como reestructuración, alianzas público-privadas o cierres progresivos, en busca de garantizar mayor eficiencia y sostenibilidad en el uso de recursos públicos.
