Las movilizaciones y bloqueos en distintas regiones del país cumplen dos semanas consecutivas, con las ciudades de La Paz y El Alto entre las más afectadas por las medidas de presión impulsadas por sectores sindicales y organizaciones campesinas.
Pese a la persistencia de los bloqueos, la Policía Boliviana aún no ejecutó el plan de desbloqueo anunciado previamente para restablecer la circulación en las principales carreteras del país, mientras se incrementan los conflictos sociales y el desabastecimiento en varias regiones.
El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, afirmó que las demandas del sector movilizado han cambiado y que actualmente el principal pedido es la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
“Desde aquí quiero decir que se dejó de lado el pliego de sectores, el pedido único del pueblo movilizado es la renuncia y el alejamiento del presidente por la falta de capacidad de solucionar los problemas estructurales de este país”, declaró Argollo.
En medio de la crisis, el Gobierno insiste en mantener una estrategia de diálogo con los sectores movilizados para evitar una mayor escalada de violencia. Sin embargo, el conflicto ya dejó al menos dos personas fallecidas en el contexto de los bloqueos, según reportes oficiales.
De acuerdo con datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta este jueves se registraban 23 puntos de bloqueo activos en distintas rutas del país, principalmente en el eje occidental.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Hernán Paredes, afirmó que las protestas no tienen una justificación técnica o social y que responden a motivaciones políticas orientadas a desestabilizar al Gobierno.
“Estas movilizaciones son políticas y buscan desestabilizar al Gobierno. Son promovidas por dirigentes que se han beneficiado y no quieren perder esos privilegios de gobiernos pasados”, sostuvo la autoridad.
El viceministro también señaló que la abrogación de la Ley 1720 y el debate sobre la calidad de los combustibles forman parte de los temas que podrían ser abordados para encaminar soluciones al conflicto.
Mientras tanto, sectores movilizados continúan radicalizando sus posiciones y ampliando sus demandas, lo que incluye pedidos de carácter político como la renuncia del mandatario.
En este contexto, el comandante regional de la Policía en El Alto, Ángel Fernando Rojas, informó que la institución se encuentra en “estado de listéza” ante posibles incidentes vinculados a la llegada de nuevos grupos movilizados a la sede de gobierno.
“Estamos para garantizar los excesos que se puedan cometer en este tipo de protestas mal llamadas pacíficas”, declaró el jefe policial en entrevista con el canal estatal.
El Gobierno y la Policía reiteraron que se mantienen en evaluación permanente de la situación, mientras el conflicto social continúa afectando la circulación, el abastecimiento y la estabilidad en varias regiones del país.
