El alcalde de La Paz, César Dockweiler, lamentó este jueves las cuantiosas pérdidas económicas y los daños ocasionados durante las recientes movilizaciones y hechos de violencia registrados en la sede de Gobierno, y anunció el envío de un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para regular las protestas y manifestaciones en el país.
La autoridad edil informó que, de manera preliminar, los destrozos provocados durante las jornadas de conflicto ascienden a aproximadamente 530 mil bolivianos, monto que deberá ser destinado a la reparación de infraestructura pública, restauración de espacios urbanos y reposición de vehículos municipales afectados por los disturbios.
Dockweiler explicó que varios bienes pertenecientes al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz sufrieron daños en medio de las movilizaciones, especialmente durante los enfrentamientos y actos vandálicos ocurridos en el centro paceño en los últimos días.
“Se han generado afectaciones importantes tanto materiales como personales. Estamos hablando de recursos que podrían destinarse a obras y servicios para la población, pero que ahora tendrán que ser utilizados para reparar los daños”, señaló la autoridad.
El alcalde reconoció que identificar a los responsables directos resulta complicado debido a la magnitud de las protestas y al contexto de violencia registrado durante algunas movilizaciones. Sin embargo, sostuvo que varios de los hechos observados podrían constituir delitos por las consecuencias económicas y sociales que provocaron.
Ante este escenario, Dockweiler anunció que presentará un anteproyecto de ley con el objetivo de establecer límites y mecanismos de regulación para las protestas sociales en la sede de Gobierno, buscando evitar mayores afectaciones a la ciudadanía.
Según explicó, la propuesta no pretende eliminar ni restringir el derecho constitucional a la protesta, sino equilibrarlo con otros derechos fundamentales de la población, como el acceso a la salud, la alimentación, el trabajo, la educación y la libre circulación.
“Jamás vamos a estar en contra del derecho a movilizarse, pero ese derecho no puede significar sufrimiento para las familias paceñas”, afirmó.
La autoridad municipal sostuvo que durante las últimas semanas miles de ciudadanos se vieron afectados por el cierre de vías, los enfrentamientos y los problemas de abastecimiento derivados de los bloqueos y movilizaciones que mantienen distintos sectores sociales en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz y de soluciones a la crisis económica.
Dockweiler también expresó preocupación por el impacto económico que el conflicto genera en comerciantes, transportistas, trabajadores y pequeñas actividades económicas que dependen del funcionamiento normal de la ciudad.
En ese contexto, reiteró su llamado al diálogo entre el Gobierno nacional y los sectores movilizados para alcanzar acuerdos que permitan pacificar el país y evitar nuevas jornadas de violencia y confrontación.
“Necesitamos soluciones mediante el diálogo y el consenso. La ciudad y la población no pueden seguir soportando las consecuencias de este conflicto”, manifestó el alcalde paceño.
