El sector del transporte pesado solicitó al Gobierno el congelamiento de las cuentas de la Central Obrera Boliviana (COB), a la que responsabiliza por las medidas de presión que cumplen 50 días y que, según el gremio, han generado pérdidas económicas estimadas en 150 millones de bolivianos.
La determinación fue asumida tras una reunión entre representantes del transporte pesado y sectores productivos de la ciudad de El Alto, donde se evaluó el impacto económico de los bloqueos en las rutas del país.
El dirigente del transporte pesado, Gustavo Rivadeneira, explicó la decisión y sostuvo que la medida busca un resarcimiento por los daños ocasionados.
“En esta reunión con todos los actores productivos se ha decidido solicitar y conminar que se congelen las cuentas de la COB para que sirvan como resarcimiento por el daño económico ocasionado al transporte de carga pesada y al traslado de productos”, afirmó Gustavo Rivadeneira, dirigente del transporte pesado.
El representante también detalló la magnitud de las pérdidas registradas por el sector durante el periodo de bloqueos.
“Tenemos una pérdida de 150 millones de bolivianos como sector transporte en los diferentes rubros de servicio. Esto debe llamar la atención del Gobierno y la conciencia de los responsables de haber impulsado estos bloqueos”, añadió Rivadeneira.
En paralelo, distintos sectores productivos continúan pronunciándose ante el prolongado conflicto social que este viernes alcanza los 50 días. En ese contexto, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) anunció acciones legales contra los responsables de los perjuicios económicos.
Un representante identificado únicamente como Olivo, de la CNC, señaló que se decidió iniciar procesos judiciales por los daños ocasionados al país.
“Unánimemente se ha aprobado seguir acciones legales contra los que han causado este daño al país”, manifestó Olivo, representante de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), según la información difundida.
Mientras se intensifican las demandas de distintos sectores afectados por los bloqueos, el debate se centra en posibles responsabilidades económicas y legales, en medio de un escenario de conflictividad que ya supera las siete semanas.
