El presidente Rodrigo Paz promulgó la madrugada de este sábado el Decreto Supremo N.º 5636, mediante el cual se declara Estado de Excepción por conmoción interna en todo el territorio nacional por un periodo de 90 días. La medida fue asumida en respuesta a la crisis provocada por los bloqueos prolongados, los hechos de violencia y las afectaciones al abastecimiento de productos esenciales en diferentes regiones del país.
La disposición establece que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Boliviana en las tareas de control, seguridad y restablecimiento del orden público. Entre sus funciones estarán la protección de infraestructura estratégica, el resguardo de instalaciones públicas, la vigilancia de rutas consideradas críticas y la garantía del abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y otros productos de primera necesidad.
El decreto también contempla restricciones temporales a la libre circulación, locomoción y reunión de personas. Estas medidas permitirán la aplicación de controles especiales, inmovilizaciones obligatorias, limitaciones al tránsito vehicular y la prohibición de concentraciones masivas que no cuenten con autorización expresa del Gobierno.
Asimismo, queda prohibida la instalación de bloqueos en carreteras y caminos del país, además del porte de armas, explosivos u otros elementos que representen riesgos para la seguridad pública. La norma también sanciona cualquier intento de impedir el transporte de productos esenciales y contempla la suspensión de determinadas actividades económicas nocturnas, así como posibles restricciones en la atención de servicios financieros en zonas consideradas de conflicto.
El Ejecutivo advirtió que las personas que incumplan las disposiciones podrán ser arrestadas hasta por ocho horas. Además, exhortó a la población a evitar actos de violencia, daños a infraestructura estratégica y acciones que afecten la distribución de alimentos, combustibles o medicamentos.
Pese a las restricciones, el Gobierno aseguró que continúan vigentes los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. El decreto señala que no se suspenderán derechos como el debido proceso, el acceso a la información ni las garantías de las personas privadas de libertad.
La norma será remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su evaluación, mientras que los ministerios de Gobierno y Defensa serán los encargados de definir la aplicación progresiva de las medidas en función de la evolución del conflicto en cada región del país.
