Seis proyectos de ley impulsados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura permanecen sin ser considerados en la Cámara de Diputados. Las propuestas buscan fortalecer el sistema judicial mediante una mayor asignación presupuestaria, la modernización tecnológica y cambios en la normativa disciplinaria y procesal.
Las autoridades del Órgano Judicial reiteraron su preocupación por la falta de avance legislativo de seis proyectos destinados a transformar la administración de justicia. Cuatro de las iniciativas fueron presentadas en marzo por el Tribunal Supremo de Justicia y las dos restantes fueron remitidas en abril por el Consejo de la Magistratura, aunque hasta la fecha ninguna ha sido tratada por la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados.
Ante la ausencia de resultados, representantes del sistema judicial advirtieron que, de persistir la falta de respuesta, podrían asumir medidas de presión, entre ellas paros escalonados.
Uno de los principales proyectos propone modificar la Ley del Órgano Judicial para garantizar una mayor independencia financiera. La iniciativa establece que el Presupuesto General del Estado destine anualmente un mínimo del 5% de sus recursos al funcionamiento, fortalecimiento institucional y modernización de la administración de justicia.
El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, señaló que el porcentaje asignado actualmente resulta insuficiente para atender las necesidades del sistema judicial.
Otro de los planteamientos busca obtener recursos para la transformación tecnológica de los tribunales mediante un financiamiento excepcional de 106 millones de bolivianos, con el propósito de digitalizar procesos, reducir el uso de papel y optimizar la atención a la ciudadanía.
«No le pedimos más al Estado boliviano. Reitero: los Bs 106 millones serían de manera excepcional y por única vez», afirmó Rómer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Entre las iniciativas también figura un proyecto para que los depósitos judiciales cuya devolución haya sido ordenada y no sean reclamados durante cinco años pasen a formar parte de los recursos propios del Órgano Judicial.
«Lo que proponemos es que, si después de cinco años de haberse ordenado la devolución las partes no reclaman esos depósitos, estos pasen a formar parte de los recursos propios del Órgano Judicial», explicó Rómer Saucedo.
Asimismo, el TSJ impulsa una modificación a la Ley de Juicios de Responsabilidades con el objetivo de adecuar la normativa al principio de doble instancia y restituir competencias del máximo tribunal en este tipo de procesos.
Por su parte, el Consejo de la Magistratura presentó dos proyectos orientados a agilizar los procesos disciplinarios y fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema judicial.
Uno de ellos plantea eliminar la participación de jueces ciudadanos en los tribunales disciplinarios para reducir los tiempos de resolución de las denuncias contra autoridades judiciales.
«No se puede dar una respuesta en un plazo breve y los procesos llegan a durar uno, dos, tres y hasta cinco años sin sentencia. Queremos retirar a los jueces ciudadanos y que el Tribunal Disciplinario determine directamente las faltas gravísimas para destituir a una autoridad judicial», manifestó Carlos Spencer, presidente del Consejo de la Magistratura.
La segunda propuesta busca modificar el régimen de los martilleros judiciales para que pasen a depender del Consejo de la Magistratura y los ingresos generados por los remates judiciales sean destinados directamente al Órgano Judicial.
«Que los martilleros sean parte del Órgano Judicial y que los recursos que ahora recibe un privado por los remates vayan a la institución», sostuvo Carlos Spencer.
Mientras las autoridades judiciales insisten en la necesidad de dotar de mayores recursos y aprobar reformas estructurales para el sistema de justicia, los seis proyectos de ley continúan pendientes de tratamiento en la Cámara de Diputados y aún no cuentan con una fecha definida para su consideración.
