La bancada Alianza Unidad expresó su respaldo al diputado Carlos Alarcón y cuestionó la forma en que fue convocado por el Ministerio Público para prestar declaración en Sucre, señalando que la notificación con pocas horas de anticipación vulneraría el debido proceso y la labor parlamentaria.
En una declaración pública dirigida a la prensa, representantes de la bancada Alianza Unidad manifestaron su preocupación por la citación emitida por el Ministerio Público de Bolivia, que derivó en la comparecencia del legislador Carlos Alarcón en la ciudad de Sucre.
El pronunciamiento cuestiona el tiempo de anticipación con el que fue convocado el parlamentario y advierte sobre posibles afectaciones al trabajo legislativo.
«La bancada Alianza Unidad expresa su respaldo institucional al diputado Carlos Alarcón y reafirma su compromiso con la defensa del estado de derecho, el debido proceso y el respeto a las atribuciones constitucionales de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional», señala el pronunciamiento.
Los legisladores también rechazaron cualquier intento de interferencia en sus funciones de fiscalización o eventuales acciones de presión contra parlamentarios.
«Rechazamos cualquier intento que pueda existir de silenciar nuestra voz o la de cualquier parlamentario, interferir con nuestra legítima labor legislativa o sufrir cualquier tipo de represalia o intimidación», afirmaron.
Asimismo, la bancada sostuvo que continuará ejerciendo su labor de control y fiscalización sobre las entidades del Estado, asegurando que no aceptará presiones externas en el ejercicio de sus funciones.
«Toda nuestra solidaridad con nuestro compañero y colega Carlos Alarcón. Vamos a respaldar el trabajo de fiscalización de todos nuestros diputados y no vamos a permitir que nadie nos amedrente», agregaron.
«Está claro que nosotros vamos a controlar, vamos a fiscalizar a los órganos del Estado y a todas las instituciones públicas», concluyeron.
La bancada Alianza Unidad reiteró su respaldo al legislador y ratificó su postura de defensa del rol fiscalizador de la Asamblea Legislativa, en medio de cuestionamientos sobre la citación realizada por instancias judiciales.
