El dirigente de los gremiales, Toño Siñani, pidió a las autoridades la aprehensión del expresidente Evo Morales, del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y del senador suplente de Unidad, Nilton Condori, al considerar que tuvieron responsabilidad en los bloqueos que se extendieron por más de 50 días y que, según el sector, ocasionaron severas pérdidas económicas.
El pronunciamiento fue realizado luego de la aprehensión del dirigente de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar, quien es investigado por su presunta participación en la organización de las medidas de presión. En ese contexto, Siñani sostuvo que las investigaciones deben alcanzar a todas las personas que, a su criterio, promovieron los bloqueos.
“Pedimos la aprehensión de Evo Morales, Mario Argollo y Nilton Condori porque fueron parte de quienes impulsaron estos bloqueos que tanto daño hicieron al país y al sector gremial”, manifestó Toño Siñani, dirigente de los gremiales.
El representante del sector afirmó que los comerciantes enfrentaron una prolongada paralización de sus actividades, lo que provocó importantes perjuicios económicos para miles de familias que dependen del comercio para generar ingresos diarios. Asimismo, señaló que las pérdidas acumuladas durante las jornadas de bloqueo deben ser asumidas por quienes, según indicó, promovieron esas movilizaciones.
“Ellos tienen que responder por las pérdidas que sufrió el sector gremial y resarcir los daños económicos ocasionados durante más de 50 días de bloqueos”, afirmó Toño Siñani.
El dirigente también cuestionó que, hasta la fecha, solo algunas personas hayan sido aprehendidas en el marco de las investigaciones. En ese sentido, pidió que las autoridades actúen con imparcialidad y amplíen las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes de todos los involucrados en la organización de las medidas de presión.
Las declaraciones fueron realizadas mientras continúa el proceso investigativo por los bloqueos registrados en el país y las autoridades desarrollan las acciones judiciales destinadas a establecer eventuales responsabilidades penales por esos hechos.
