El Gobierno informó que identificó contratos inmobiliarios que fueron modificados después de haber sido autorizados por la Dirección General de Defensa del Usuario y del Consumidor, por lo que anunció procesos administrativos y legales contra las empresas responsables.
El anuncio fue realizado tras una reunión entre los ministros de Economía, José Gabriel Espinoza, y de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, con representantes de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI), donde también se analizaron medidas para preservar la estabilidad del sector.
Según las autoridades, las fiscalizaciones detectaron que algunos contratos incorporaron posteriormente cláusulas consideradas abusivas y eliminaron garantías para los compradores, pese a que inicialmente habían sido certificados como documentos que cumplían la normativa.
El Gobierno aclaró que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y diferenciar a las empresas que cumplen las disposiciones legales de aquellas que incurrieron en irregularidades.
Mientras avanzan las revisiones, el Ejecutivo confirmó que durante agosto se mantendrán los planes de pago acordados con las empresas afiliadas a la CBDI, con el propósito de preservar la cadena de pagos y evitar afectar la actividad económica del sector.
Las autoridades también señalaron que continuarán las mesas técnicas para fortalecer el financiamiento habitacional, promover la inversión privada y garantizar seguridad jurídica tanto para las empresas como para los compradores.
