El caso que involucra al asesor argentino Fernando Cerimedo abrió el debate político sobre la posibilidad de iniciar un juicio de responsabilidades contra el presidente Rodrigo Paz, a raíz de las denuncias realizadas por la abogada Nadia Beller.
El abogado Wilmer Vázquez y los ciudadanos Jaime Choque y Oscar Vázquez presentaron una acción de cumplimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se inicie un proceso contra el jefe de Estado. Entre los argumentos planteados figura una presunta traición a la patria por la participación de un ciudadano extranjero en espacios de decisión.
La Constitución Política del Estado establece que la Asamblea Legislativa tiene entre sus atribuciones autorizar el enjuiciamiento de la presidenta o presidente y de la vicepresidenta o vicepresidente del Estado, con el respaldo de dos tercios de sus miembros presentes.
La Ley 044 establece el procedimiento para el juzgamiento de altas autoridades y contempla delitos que podrían ser considerados dentro de un juicio de responsabilidades. En el contexto de las denuncias del caso Cerimedo, se mencionan de manera preliminar posibles delitos como traición a la patria, uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
De acuerdo con el abogado y analista político Paul Coca, cualquier persona puede presentar una proposición acusatoria ante el fiscal general del Estado. La Fiscalía tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para formular un requerimiento acusatorio o rechazar la denuncia, en función de los antecedentes recopilados.
Si existiera materia justiciable, el fiscal general requeriría ante el Tribunal Supremo de Justicia el enjuiciamiento, pero previamente se necesitaría la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El Tribunal Supremo de Justicia, reunido en pleno, sería la instancia encargada de juzgar al presidente en única instancia. El proceso tendría carácter oral, público, continuo y contradictorio, mientras que el fiscal general asumiría la acusación y la sentencia requeriría el respaldo de dos tercios de los miembros del TSJ.
Desde la Asamblea Legislativa, algunos legisladores señalaron que corresponde investigar las denuncias y garantizar transparencia, mientras otros consideraron que contar con asesores extranjeros no constituye por sí mismo un delito y que lo determinante será establecer cuáles fueron sus funciones y si existieron irregularidades.
El debate surge después de que Beller acusara a Cerimedo de presuntamente liderar una red de corrupción y señalara posibles vínculos con autoridades del Gobierno. Las denuncias deberán ser investigadas y, hasta el momento, no constituyen por sí mismas una prueba de responsabilidad penal contra el presidente Rodrigo Paz.
