El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que el Gobierno detectó irregularidades en la comercialización de combustibles, entre ellas ventas y facturaciones anticipadas, asignaciones discrecionales y modificaciones posteriores en los registros de control.
Según la autoridad, también se identificaron diferencias entre los volúmenes programados, despachados y facturados, además de modificaciones retroactivas que presuntamente habrían favorecido el desvío de carburantes hacia actividades de contrabando.
García señaló que fueron identificados más de 300 usuarios, operadores, funcionarios y despachantes que interactuaban de manera irregular con los sistemas. Sus accesos fueron bloqueados y se anunciaron acciones penales contra las personas involucradas.
El Gobierno solicitó la intervención de la Agetic en un denominado “búnker digital” ubicado en la avenida 16 de Julio de La Paz, con el objetivo de determinar quiénes permitieron que usuarios del pasado continuaran accediendo a sistemas considerados vulnerables.
La autoridad también informó que YPFB destinó más de Bs 470 millones en los últimos cinco años para infraestructura tecnológica, pero cuestionó que no se haya desarrollado un sistema que permita realizar una trazabilidad efectiva del combustible desde su ingreso hasta el despacho y detectar posibles sobrecargas, sobrefacturación o desvíos.
