El Gobierno desplegó efectivos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas en diferentes carreteras del país ante el anuncio de posibles bloqueos por parte de sectores que rechazan la eliminación de la subvención al diésel.
La medida se desarrolla en el marco del estado de excepción, cuya vigencia fue ampliada por 90 días, y busca prevenir cortes de ruta y mantener la transitabilidad en puntos considerados estratégicos.
Según la Policía, aproximadamente 800 efectivos policiales y militares fueron desplazados desde hace dos días a distintos sectores viales del departamento de La Paz para reforzar los controles y la presencia institucional.
La institución señaló que el despliegue tiene como objetivo preservar el orden y la seguridad de la población, además de fortalecer los controles en las carreteras ante posibles medidas de presión.
En la carretera La Paz-Oruro, a la altura de la comunidad Villa Remedios, se reportó la presencia de seis camionetas policiales y dos camiones militares. En el lugar también fueron instalados campamentos para los efectivos desplazados.
Asimismo, el domingo se movilizó un contingente de 500 policías y militares hacia la carretera Cochabamba-Oruro para garantizar la libre transitabilidad y preservar la seguridad de quienes circulan por esa vía.
El despliegue en el departamento de Cochabamba fue reportado en sectores como Suticollo y Parotani, donde se observó la presencia de efectivos encargados de realizar controles.
La movilización se produce después de que el presidente Rodrigo Paz anunciara la eliminación de la subvención al diésel mediante el Decreto Supremo 5716.
Con la nueva disposición, el precio del diésel pasó de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro, lo que representa un incremento aproximado del 83 %. El nuevo valor está vinculado a parámetros del mercado internacional.
La decisión generó rechazo entre diferentes organizaciones, entre ellas la Central Obrera Boliviana, los choferes, el transporte pesado, los cisterneros y las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.
Estos sectores advirtieron sobre posibles efectos del incremento del combustible en los pasajes, los fletes, los costos de producción y el costo de vida de la población.
Varias de estas organizaciones anunciaron la realización de ampliados y reuniones para definir posibles medidas de presión frente a la eliminación de la subvención.
Mientras continúan los pronunciamientos y reuniones sectoriales, el Gobierno mantiene el despliegue de policías y militares en las principales rutas para evitar bloqueos y preservar la circulación vehicular.
