Cerca de 2,5 millones de personas recibirán el Pago Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE II), un beneficio creado por el Gobierno para apoyar a sectores considerados vulnerables frente a los efectos de las medidas económicas.
El programa contempla un pago total de Bs 750 por persona, distribuido en tres desembolsos bimestrales durante un periodo de seis meses.
El primer pago está previsto para noviembre de 2026, mientras que los dos siguientes se realizarían entre enero y abril de 2027, según la información proporcionada por el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Edwin Aldunate.
El beneficio está dirigido a personas que ya forman parte de diferentes mecanismos de protección social y cuyos datos se encuentran registrados en instituciones públicas.
Entre los beneficiarios estarán las madres gestantes inscritas en el Bono Juana Azurduy, además de las personas con discapacidad.
También recibirán el PEPE II las personas con ceguera registradas por el Instituto Boliviano de la Ceguera y los adultos mayores que cobran la Renta Dignidad y no cuentan con una jubilación.
El programa incluye además a padres o tutores de estudiantes de unidades educativas públicas y de convenio.
Asimismo, contempla a niñas, niños y adolescentes que viven en centros de acogida, casas cuna y centros penitenciarios.
La identificación de los beneficiarios se realizará mediante las bases de datos de las instituciones responsables de cada sector, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.
Los registros de las personas con ceguera serán proporcionados por el Instituto Boliviano de la Ceguera, mientras que el Ministerio de Salud entregará la información correspondiente a las personas con discapacidad.
El PEPE II fue presentado como una versión ampliada de un programa de protección aplicado anteriormente para mitigar los efectos del ajuste en los precios de los combustibles.
Para definir la cobertura, el Gobierno tomó en cuenta los niveles de pobreza y la experiencia acumulada durante anteriores procesos de transferencias, incluida la atención implementada durante la pandemia.
El programa será financiado con recursos del Tesoro General de la Nación y fondos provenientes de la cooperación internacional. Entre las fuentes mencionadas por el viceministro está el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Por el momento, el Gobierno no prevé una ampliación inmediata del número de beneficiarios debido a las limitaciones de las finanzas públicas.
Aldunate explicó que la cobertura definida alcanza a aproximadamente 2,5 millones de personas y señaló que podría ser revisada en los próximos años.
La autoridad relacionó esta limitación con el elevado déficit fiscal y sostuvo que existen restricciones para continuar financiándolo mediante créditos del Banco Central o recursos de la Gestora Pública.
Todavía está pendiente la publicación del cronograma definitivo, la modalidad de cobro y los mecanismos mediante los cuales las personas podrán verificar si están habilitadas para recibir el beneficio.
