Las protestas estudiantiles registraron el martes movilizaciones masivas en Francia. El Ministerio del Interior contabilizó 266.000 participantes en todo el país, mientras que las organizaciones convocantes elevaron la cifra a 450.000. En París, las autoridades reportaron 56.000 manifestantes, frente a los 100.000 calculados por los organizadores.
Las movilizaciones comenzaron el 17 de septiembre y se extendieron a distintas ciudades, con reclamos por mejoras en la educación, las condiciones de los centros educativos y rechazo a los recortes en el sector público. Las protestas también recibieron el respaldo de sindicatos y partidos de izquierda, mientras algunos grupos estudiantiles anunciaron nuevas marchas y bloqueos.
Ante el aumento de la presión social, el presidente Emmanuel Macron reunió a varios de sus ministros para analizar la situación. El primer ministro Sébastien Lecornu anunció cinco proyectos destinados a responder a las demandas de los estudiantes y dispuso la suspensión de clases durante media jornada entre miércoles y viernes para permitir debates en los establecimientos educativos.
La jornada estuvo marcada además por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Se reportaron 488 detenciones y 43 agentes heridos. Uno de los casos bajo investigación corresponde a un adolescente de 15 años que perdió una mano durante incidentes registrados frente a un liceo de Lens. También se informó sobre la primera imputación contra un policía por las graves heridas sufridas por un estudiante de 14 años.
Las protestas afectaron al 40% de los 3.700 liceos del país y, desde mediados de septiembre, dejaron más de 600 policías y gendarmes y algo más de 200 estudiantes heridos, además de 6.547 arrestos. Los daños materiales en centros educativos y mobiliario urbano fueron calculados en varias decenas de millones de euros, situación que llevó al Gobierno a impulsar una norma para responsabilizar económicamente a los padres por actos vandálicos cometidos por sus hijos.
El conflicto estudiantil coincide con reclamos de funcionarios públicos y agricultores por el aumento del costo de vida y el estancamiento salarial. A esto se suma el debate sobre el presupuesto de 2027, que contempla recortes ante una deuda pública cercana al 120% del PIB. Las movilizaciones ocurren además a seis meses de las elecciones presidenciales de 2027, en un escenario donde el Gobierno acusa a La Francia Insumisa de utilizar las protestas con fines electorales.
