La recuperación económica de Bolivia requiere medidas que vayan más allá de los ajustes graduales a la subvención de los hidrocarburos. El analista económico Mario Galindo sostuvo que el país necesita un plan de estabilización macroeconómica que reduzca el gasto público, reorganice la administración estatal y permita recuperar las condiciones necesarias para atraer inversiones y reactivar el crecimiento.
Galindo advirtió que la reducción del número de ministerios resulta insuficiente si no está acompañada de una disminución real de la burocracia y de los costos administrativos. Según sus estimaciones, Bolivia cuenta con aproximadamente 600.000 servidores públicos, de los cuales unos 250.000 pertenecen a las administraciones central, departamental y municipal. También señaló que el gasto corriente aumentó alrededor de un 13% entre 2020 y 2026.
El analista cuestionó que los cambios institucionales se limiten a modificar la denominación o jerarquía de las entidades sin reducir su personal ni sus gastos de funcionamiento. En su criterio, el plan de estabilización debe priorizar una reducción efectiva del gasto corriente y una mejor utilización de los recursos públicos, sin recurrir necesariamente a despidos masivos.
Respecto a las empresas estatales, propuso evaluar distintas alternativas, entre ellas la cooperativización, las asociaciones de inversión y la transferencia de determinadas unidades productivas a sus trabajadores. También consideró necesario reorganizar alrededor de 25 empresas y planteó reducir al menos un 60% las estructuras de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), al considerar que sus dimensiones actuales no se corresponden con sus niveles de producción. Asimismo, no descartó cerrar las unidades que resulten inviables.
Galindo también planteó revisar la organización territorial del país, que cuenta con 339 municipios, mediante mancomunidades y mecanismos de integración municipal. Señaló que algunas alcaldías destinan una parte importante de sus presupuestos al pago de salarios, lo que limita la ejecución de obras y proyectos de desarrollo. Además, propuso incorporar personal a las instituciones públicas mediante concursos basados en méritos profesionales y establecer evaluaciones de resultados, especialmente en puestos estratégicos.
Para impulsar la producción, el analista sugirió aprovechar el potencial de las energías eólica y solar, promover la industrialización del litio y resolver los obstáculos que frenan proyectos estratégicos, como la siderurgia del Mutún. Sus planteamientos apuntan a combinar la reducción del gasto estatal con reformas institucionales y medidas productivas que contribuyan a mejorar las finanzas públicas y generar condiciones para el crecimiento económico.
