El Gobierno de Rodrigo Paz aprobó el Decreto Supremo 5749, que establece un procedimiento para recibir, atender y canalizar denuncias administrativas por presuntos hechos de extorsión, concusión, exacciones, cobros ilegales de dinero y exigencia de dádivas en instituciones del sistema judicial y policial.
La normativa alcanza a servidores públicos y exfuncionarios del Ministerio Público, el Órgano Judicial, Derechos Reales, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la Policía Boliviana. El objetivo es habilitar un mecanismo para denunciar posibles irregularidades cometidas durante actuaciones judiciales o administrativas.
El decreto considera denunciables las exigencias o recepciones indebidas de dinero, regalos, beneficios económicos, favores o promesas a cambio de admitir, acelerar, paralizar, retrasar o desviar procedimientos. Estas conductas también incluyen posibles pagos solicitados para emitir o evitar la emisión de determinadas actuaciones oficiales.
El Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, será responsable de recibir, registrar, procesar y canalizar las denuncias. Las personas podrán presentarlas por escrito en la oficina central de esta instancia o en sus enlaces departamentales, conforme al procedimiento establecido.
Uno de los aspectos centrales de la disposición es la posibilidad de reservar la identidad del denunciante, ya sea a solicitud expresa de la persona o por decisión de oficio. Esta protección deberá mantenerse durante el trámite administrativo y, si el caso es remitido a instancias penales, se solicitará a la autoridad competente preservar la reserva y aplicar las medidas de protección previstas para denunciantes y testigos.
La norma también aclara que la recepción de denuncias no implica revisar decisiones jurisdiccionales o administrativas, suspender plazos procesales ni interferir en las atribuciones de otras instituciones. Su aprobación se produce días después de la detención del exfiscal general del Estado, Róger Mariaca, investigado por su presunta vinculación con una organización criminal que habría brindado protección a narcotraficantes y otras personas. Estas acusaciones deberán establecerse mediante los procedimientos correspondientes.
