La detención del exfiscal general Róger Mariaca reavivó las controversias sobre su designación en octubre de 2024. Legisladores y exparlamentarios intercambiaron acusaciones sobre presuntos pagos, amenazas y acuerdos políticos que, según sus denuncias, habrían influido en la elección de la máxima autoridad del Ministerio Público.
La exdiputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, afirmó que recibió presiones para retirar una acción de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con la que buscaba frenar el proceso de selección. Según su versión, un dirigente de su alianza la contactó por encargo del actual diputado Carlos Alarcón y le pidió retirar el recurso porque Mariaca supuestamente no contaba con los dos tercios necesarios.
Campero sostuvo que confió en ese mensaje y decidió retirar la acción. Sin embargo, Alarcón rechazó las acusaciones y aseguró que la exlegisladora estaba inventando los hechos. El diputado argumentó que Comunidad Ciudadana cuestionaba acudir al TCP debido a que sus magistrados tenían mandatos prorrogados y sostuvo que la decisión de Campero respondió a las dudas sobre la legitimidad de esa actuación.
Las diferencias entre los exlegisladores no impidieron que Campero, Alarcón y el exjefe de bancada de CC, Enrique Urquidi, señalaran una presunta articulación política detrás de la elección. Según sus declaraciones, sectores del Movimiento Al Socialismo vinculados al evismo y al arcismo, disidentes de Comunidad Ciudadana y representantes de Creemos habrían coincidido para respaldar la candidatura de Mariaca.
El 21 de octubre de 2024, Mariaca fue elegido fiscal general con 115 votos de los 161 asambleístas presentes. Campero denunció que presuntos operadores repartían dinero y bolígrafos de tinta borrable para asegurar apoyos, mientras Urquidi afirmó que existían comentarios sobre pagos y prebendas dentro de la Asamblea Legislativa. Estas declaraciones apuntan a un supuesto acuerdo de impunidad, pero las acusaciones mencionadas no constituyen por sí mismas hechos judicialmente comprobados.
Urquidi también afirmó que durante la gestión de Mariaca al frente de la Fiscalía de Santa Cruz ya circulaban señalamientos sobre presuntos cobros ilegales y protección al narcotráfico. Pese a esas denuncias, Mariaca superó la evaluación de la Comisión Mixta de Justicia y fue incluido en la lista final de habilitados. El caso vuelve a poner bajo escrutinio los acuerdos parlamentarios que permitieron su designación y las acusaciones sobre posibles intereses políticos detrás de su elección.
