La disputa por la jefatura de bancada de la alianza Libre enfrenta a los diputados Rafael López y Lissa Claros, quienes defienden representaciones distintas y se cuestionan mutuamente sobre la legalidad de sus respectivas designaciones. Mientras López asegura contar con el respaldo de 41 parlamentarios, Claros exige que se respete la institucionalidad y la dirigencia nacional de la alianza.
Rafael López defendió su elección y anunció que continuará con su agenda parlamentaria. El legislador cuestionó al sector de Claros y pidió dejar de lado las confrontaciones para trabajar en propuestas legislativas. La pugna surgió después de que dos grupos eligieran representaciones diferentes: uno respaldado por el sector afín a Jorge Quiroga y otro vinculado a Demócratas y al Frente Revolucionario de Izquierda (FRI).
López afirmó que su elección se realizó con la presencia de un notario público y las firmas de 41 parlamentarios, cifra que considera suficiente para respaldar la legalidad y legitimidad de su designación. También cuestionó la reunión en la que fue elegida Claros y sostuvo que no participaron más de 30 diputados. Además, denunció que sus adversarios retiraron una carta de acreditación presentada ante la Cámara de Diputados, extremo que fue rechazado por la legisladora.
El diputado anunció que su sector avanzará en la conformación de su directiva, la distribución de funciones y la organización de comités. Asimismo, señaló que presentó iniciativas relacionadas con una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, la elección de fiscales departamentales por la Asamblea Legislativa y la convocatoria para elegir al fiscal general. También desafió a sus adversarios a presentar una denuncia penal si consideran que existieron irregularidades y pidió que las acusaciones estén respaldadas por pruebas.
Por su parte, Lissa Claros sostuvo que la representación de la bancada debe responder al Comité Ejecutivo y a la dirigencia nacional de Libre. Anunció que presentaría ante la Cámara de Diputados documentación sobre la elección de su sector, que, según afirmó, fue convocada por el Comité Ejecutivo y desarrollada con la presencia de un notario. También negó haber presentado y retirado una carta de acreditación, como denunció López, y lanzó cuestionamientos sobre presuntas negociaciones de votos y el origen de recursos económicos de algunos parlamentarios, sin aportar pruebas en las declaraciones citadas.
La controversia ahora se traslada a la Cámara de Diputados, donde Claros espera un pronunciamiento de su presidente y del Gobierno sobre cuál de las dos representaciones será reconocida institucionalmente. La legisladora defiende la competencia del Comité Ejecutivo para convocar la elección, mientras López sostiene que el respaldo mayoritario de los parlamentarios valida su designación. Hasta que se defina el reconocimiento institucional, la disputa mantiene abierta la pugna interna por la conducción de la bancada de Libre.
