Santa Cruz reforzará la lucha contra el sicariato, el narcoterrorismo y el crimen organizado con la incorporación de 230 policías jóvenes y especializados. Además, el Gobierno gestiona la conformación de unidades policiales de élite con apoyo de la cooperación estadounidense, incluida la Administración para el Control de Drogas (DEA), como parte del Plan Frontera Segura 2.0.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que se realizan gestiones para instalar una unidad de élite en Santa Cruz y otra en Beni, con personal capacitado para enfrentar a organizaciones criminales. “Quiero anunciar que anoche hemos estado sentados con la cooperación americana para ver de hacer una unidad élite en Santa Cruz”, señaló durante la presentación de las medidas de seguridad.
Por su parte, el comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, confirmó la incorporación de 230 efectivos, entre subtenientes y sargentos, preparados para combatir el crimen organizado transnacional. La autoridad afirmó que se busca incrementar los recursos humanos destinados al departamento y fortalecer la capacidad operativa de la institución frente a los hechos de violencia.
La estrategia también contempla el envío de nuevos contingentes policiales cada 45 días y la incorporación de herramientas tecnológicas, como drones e inteligencia artificial, para mejorar la vigilancia, las investigaciones y la respuesta ante las organizaciones delictivas. El comandante policial remarcó la necesidad de demostrar eficiencia en la resolución de los casos y fortalecer las capacidades institucionales.
Durante el acto, la gobernadora en suplencia de Santa Cruz, Paola Aguirre, expresó su preocupación por el avance del sicariato y cuestionó la distribución de efectivos policiales en el país. Indicó que Santa Cruz cuenta con poco más de 5.000 policías, frente a más de 9.000 en La Paz, por lo que pidió una asignación más equitativa de personal y mayor presencia de uniformados en las calles.
Aguirre también reclamó mejor equipamiento, patrullajes permanentes y operativos estratégicos para enfrentar la inseguridad. Asimismo, planteó impulsar cambios normativos que permitan devolver al gobernador facultades de mando sobre la Policía en el ámbito departamental. La autoridad argumentó que la Gobernación aporta recursos como combustible y vehículos para apoyar las tareas de seguridad, pero tiene limitaciones para intervenir en las decisiones operativas. Entretanto, aún no se precisaron los plazos, la composición ni el alcance de la participación de la DEA en las unidades de élite proyectadas.
