En menos de un mes, el Gobierno de Estados Unidos difundió los nombres de 28 ciudadanos bolivianos sujetos a restricciones de visa, en el marco de sus acciones contra la corrupción y el narcotráfico en la región. La primera lista se publicó el 28 de septiembre y la segunda fue divulgada el 22 de octubre, con otros 15 nombres.
La primera nómina incluyó a 13 personas identificadas públicamente, entre ellas el entonces fiscal general del Estado, Roger Mariaca; el exministro de Justicia Iván Lima y otras autoridades judiciales, policiales y aduaneras. Además, se informó que nueve ciudadanos bolivianos sin visa vigente quedaron inhabilitados para solicitarla, aunque sus identidades no fueron reveladas.
Al día siguiente, el Departamento de Estado estadounidense anunció que también trabajaba en imponer restricciones de visa a otros 20 funcionarios bolivianos. Sin embargo, la información difundida no permite establecer con total claridad si ese anuncio corresponde a las listas posteriores o si las cifras mencionadas en los comunicados representan una acumulación de sanciones.
De los 28 ciudadanos cuyos nombres se hicieron públicos, 16 son o fueron jueces o fiscales, mientras que otros tres son policías o expolicías y uno fue ministro de Justicia. En conjunto, 20 personas están directamente relacionadas con el sistema judicial, según el recuento de los perfiles incluidos en ambas nóminas.
La segunda lista incluye a los diputados Rafael López Mercado y Rolando Pacheco Chávez, además de los exfiscales generales Juan Lanchipa y Roger Mariaca —este último figuraba en la primera nómina—, autoridades judiciales de Santa Cruz, funcionarios policiales y exresponsables de instituciones como la Unidad de Investigaciones Financieras, Migración y el Segip. La publicación también menciona a un empresario y a un ciudadano particular.
La primera revelación generó repercusiones en la Fiscalía General del Estado, con investigaciones y procesos que alcanzaron a Mariaca y a otros fiscales. Tras la segunda publicación, los diputados López y Pacheco quedaron bajo atención pública; en el caso de López, el jefe de su alianza, Jorge Quiroga, pidió que deje su cargo. Las restricciones anunciadas por Washington han abierto un nuevo escenario de cuestionamientos y posibles investigaciones en Bolivia.
