Una denuncia sobre presuntas actividades mineras irregulares y posible contaminación con mercurio en la cuenca de Misicuni encendió las alarmas en Cochabamba. La preocupación surgió después de que la asambleísta departamental Claudia Martínez advirtiera sobre operaciones de minería a cielo abierto en el sector del río Serqueta, uno de los afluentes de la represa que abastece de agua a varios municipios del departamento.
La legisladora denunció que en esta zona existirían actividades mineras que operarían sin los controles correspondientes y alertó sobre el posible uso de mercurio en los procesos de extracción. Según su explicación, durante una inspección se habrían identificado más de 30 piscinas o lagunas vinculadas a estas operaciones, donde presuntamente se acumularían sustancias utilizadas en la actividad minera.
Martínez manifestó que el riesgo no se limita al agua destinada al consumo humano, sino que también podría afectar los sedimentos, los peces, las comunidades que viven en los alrededores y el equilibrio ambiental de la zona. Advirtió que, con la llegada de la temporada de lluvias, los posibles residuos contaminantes podrían desplazarse hacia los afluentes que alimentan la represa.
La asambleísta también solicitó la intervención de las autoridades nacionales y departamentales, además de proponer un sobrevuelo de las Fuerzas Armadas para verificar la magnitud de las operaciones mineras. Asimismo, pidió conformar una comisión interinstitucional con participación de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), el Ministerio Público, la Policía y otras instancias competentes, con el objetivo de ingresar al sector, recoger muestras y establecer posibles responsabilidades.
La denuncia coincide con un reporte de la AJAM, que informó que el pasado 30 de octubre realizó una inspección técnica de oficio en el sector de Misicuni. Durante el procedimiento, la entidad identificó indicios de actividad minera irregular, registró puntos georreferenciales y dejó una notificación oficial dirigida a una cooperativa involucrada. Sin embargo, las restricciones de acceso en el lugar dificultaron completar las labores de verificación.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que el área señalada se encuentra dentro del entorno del Parque Nacional Tunari, una zona protegida donde las actividades extractivas están sujetas a restricciones legales. Desde la Empresa Misicuni también se reconoció que existen denuncias recurrentes sobre posibles operaciones mineras en la cuenca y se solicitó la intervención de las instituciones responsables de fiscalizar estas actividades.
Frente a las acusaciones, el gerente interino de la Empresa Misicuni, Adrián Murillo, descartó que los controles realizados hasta la fecha hayan detectado presencia de mercurio en el agua del embalse. La autoridad aseguró que el recurso destinado al consumo humano cumple con los parámetros de calidad y anunció que se realizarán nuevos análisis para brindar mayor certidumbre a la población.
No obstante, Murillo precisó que el último ensayo específico de control de las aguas de la represa se realizó durante la gestión 2025 y que este año se repetirá la evaluación, incluso con presencia de medios de comunicación. También señaló que la empresa había realizado gestiones y denuncias ante diferentes instituciones por los asentamientos mineros existentes en los alrededores de la cuenca.
Por su parte, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) aseguró que el agua distribuida a los hogares atraviesa un proceso de potabilización que incluye floculación, sedimentación y filtración. Su gerente, Luis Prudencio, explicó que estos procedimientos forman parte del sistema de tratamiento destinado a garantizar la calidad del suministro. Asimismo, se informó sobre la toma de muestras para realizar nuevos análisis de laboratorio.
La preocupación también llegó a la Defensoría del Pueblo, que el 10 de noviembre inició acciones de seguimiento defensorial y solicitó informes escritos a la AJAM, la Empresa Misicuni y SEMAPA. La institución pidió información sobre la legalidad de las operaciones mineras, los resultados del monitoreo de los afluentes y la represa, así como los análisis de laboratorio y las medidas adoptadas para garantizar la calidad del agua potable.
La Defensoría busca establecer si las instituciones competentes están cumpliendo con sus responsabilidades de fiscalización, prevención y control, tomando en cuenta que una eventual contaminación de las fuentes hídricas podría representar un riesgo para el derecho al agua, la salud y el medio ambiente de la población cochabambina.
Entretanto, desde el Ministerio Público se indicó que para iniciar formalmente una investigación se requiere una denuncia o notificación fehaciente sobre la posible comisión de un delito. El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, señaló que las autoridades y cualquier ciudadano que conozca posibles hechos delictivos pueden presentar la denuncia correspondiente para que se determinen las actuaciones legales.
El mercurio es un metal pesado altamente tóxico. Dependiendo de su forma química, concentración y tiempo de exposición, puede afectar el sistema nervioso, los riñones y otros órganos. La exposición a través del consumo de agua o alimentos contaminados representa un riesgo que requiere controles especializados, especialmente para las comunidades que dependen directamente de fuentes naturales de agua.
Por ahora, la presunta contaminación de la cuenca de Misicuni continúa bajo observación y no existe una confirmación pública concluyente de que el agua potable distribuida a los hogares de Cochabamba contenga mercurio. Sin embargo, los indicios de actividad minera irregular y las denuncias sobre posibles afectaciones ambientales hacen necesaria una investigación transparente, con análisis independientes y resultados de laboratorio verificables.
La población espera que las autoridades aclaren si existe contaminación en los sedimentos del río Serqueta, si las operaciones mineras cuentan con autorización y qué medidas se adoptarán para impedir que posibles sustancias tóxicas lleguen a la represa.
La pregunta que queda en el centro de la preocupación ciudadana es: ¿está realmente garantizada la calidad del agua que consumen las familias cochabambinas? La respuesta deberá estar respaldada por estudios actualizados, públicos y técnicamente verificables.
