La abogada Cecilia Urquieta, vinculada al movimiento evista, afirmó que el Gobierno estaría intentando eliminar cualquier alternativa política de izquierda distinta al MAS. Según Urquieta, el dinero y los explosivos encontrados en manos de manifestantes evistas fueron supuestamente “implantados” con el fin de facilitar procesos penales en su contra.
“Dudo que la entrega de dinero y la posesión de explosivos sean reales, ya que en ocasiones anteriores se han presentado pruebas falsas contra quienes participaban en las protestas”, declaró la jurista en entrevista con medios de comunicación.
Tras los enfrentamientos violentos ocurridos el jueves entre manifestantes evistas y la policía en La Paz, el viceministro Jhonny Aguilera indicó que las movilizaciones estarían financiadas con recursos económicos para generar caos, desestabilizar al Gobierno y obstaculizar las elecciones del 17 de agosto.
Como consecuencia de estos incidentes, al menos 26 personas fueron arrestadas y permanecen detenidas en dependencias policiales especializadas en la lucha contra el crimen. Urquieta consideró que las acciones policiales constituyen una violación de los derechos de los manifestantes.
“La Policía ha actuado con dureza contra todas las personas detenidas, por lo que no descarto que los supuestos explosivos hayan sido colocados por terceros”, añadió la abogada.
Sobre la presión ejercida por seguidores de Evo Morales para inscribir su candidatura, Urquieta recordó que una sentencia constitucional restauró los derechos del partido Pan-Bol, y que el Órgano Electoral tiene la responsabilidad de remediar el daño causado permitiendo la participación de los candidatos inscritos.
Además, la abogada señaló que el Gobierno busca impedir la participación de otras opciones políticas de izquierda distintas al MAS, mencionando que también se han presentado obstáculos para la candidatura del presidente del Senado.
“Andrónico tiene derecho a postularse, pero está siendo objeto de persecución y de intentos para revocar la personería jurídica de cualquier organización política en la que participe. Esto, según mi criterio, es una estrategia del Gobierno para evitar la competencia de otras fuerzas políticas”, concluyó Urquieta.
