El pasado lunes 6 de octubre, un abogado recientemente desvinculado de la Aduana Nacional presentó una denuncia contra el presidente de YPFB, acusándolo de contrabando de diésel hacia Argentina. Lo insólito del caso es que la denuncia fue elaborada con documentos oficiales de la Aduana, a pesar de que el denunciante ya no ejercía funciones públicas. La presidenta de la entidad, Karina Serrudo, calificó el hecho como una clara usurpación de funciones y aseguró que la acusación carece de sustento legal, ya que las exportaciones señaladas están amparadas por normativa vigente.
La denuncia provocó una orden de aprehensión contra el titular de YPFB, lo que generó preocupación en el entorno político y empresarial. Serrudo afirmó que el exfuncionario manipuló información técnica y utilizó sellos institucionales sin respaldo, por lo que se iniciarán acciones legales en su contra. La Aduana sostiene que las exportaciones de gas natural no requieren autorización de la ANH, como erróneamente plantea el denunciante, y que el Decreto Supremo N.º 28174 respalda plenamente las operaciones realizadas por YPFB.
Este episodio se produce en medio de una crisis energética y una creciente tensión política, marcada por intentos del evismo de interferir en el proceso electoral. La denuncia, presentada justo después de la destitución del abogado, parece formar parte de una estrategia para debilitar al gobierno de Luis Arce y generar inestabilidad. La Aduana ha ratificado la legalidad de las exportaciones y exhorta al Ministerio Público a archivar la denuncia, mientras se esclarece la responsabilidad penal del exfuncionario.
