Bolivia podría ser incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una situación que traería consigo graves implicaciones económicas y reputacionales. Esta posible inclusión responde a los limitados avances del país en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, aspectos clave evaluados por el GAFILAT en su informe de 2023.
Impactos de la lista gris
La inclusión en esta lista no es un mero acto simbólico. Para Bolivia, significaría enfrentar mayores dificultades en el comercio exterior, un encarecimiento de las transacciones financieras internacionales, la pérdida de relaciones de corresponsalía bancaria y un impacto negativo en su imagen como destino de inversión.
Avances insuficientes y vacíos legales
Desde la evaluación de 2023, los avances han sido escasos. Persisten problemas estructurales, como La falta de una ley de extinción de dominio y la ausencia de un marco normativo adecuado para sectores vulnerables.
Debilidad institucional: Limitada autonomía de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Supervisión ineficaz: Especialmente en áreas de alto riesgo.
Uno de los principales focos de atención es la regulación de criptoactivos. Más de 250,000 bolivianos poseen activos digitales, y el volumen de transacciones ha crecido significativamente. Sin embargo, Bolivia carece de un marco legal integral para supervisar y prevenir el uso ilícito de estos activos.
Aunque el Banco Central de Bolivia permitió la comercialización de criptoactivos mediante instrumentos electrónicos, el GAFILAT considera esta medida insuficiente. Las recomendaciones 15 y 16 del GAFI, relativas a los proveedores de servicios de activos virtuales y la prevención de delitos financieros mediante nuevas tecnologías, permanecen incumplidas.
Medidas urgentes
Para evitar ingresar a la lista gris, Bolivia debe: Actualizar su normativa penal y financiera: Garantizar un marco legal robusto que permita combatir delitos financieros.
Fortalecer la UIF: Garantizar su independencia y recursos adecuados.
Supervisar sectores de alto riesgo e implementar controles estrictos en actividades vulnerables.
Regular los criptoactivos: Crear una ley específica que defina su estatus legal, establezca controles para proveedores de servicios y obligue a reportar operaciones sospechosas.
Decisión política y coordinación institucional
La amenaza de ingresar a la lista gris ocurre en un momento crítico para la economía boliviana. Evitarlo requiere decisión política, una coordinación institucional efectiva y un compromiso claro con la transparencia financiera y el control de nuevas tecnologías. Actuar ahora podría evitar costos económicos significativos y preservar la confianza internacional en el sistema financiero del país.


