La dirigente política Ruth Nina fue aprehendida este jueves luego de brindar su declaración informativa en la Fiscalía Departamental de Cochabamba, en el marco de una investigación por presuntos delitos de instigación pública a delinquir, amenazas y obstaculización de procesos electorales. La aprehensión se produjo tras casi dos horas de audiencia y fue criticada por su equipo legal, que la calificó como una medida “excesiva” y carente de fundamento legal.
“Después de casi dos horas de la declaración informativa, lamentablemente nos sorprendieron con una aprehensión supuestamente fundamentada; creemos que hay un exceso total de abuso de autoridad”, manifestó uno de sus abogados a la salida de la Fiscalía.
Nina acudió a declarar antes de las 09:00 con una mochila y una frazada, previendo un desenlace como el que finalmente ocurrió. “Estoy aquí, como ustedes lo ven, preparada porque no confío en la justicia y sé que posiblemente quieran aprehenderme. Si quieren de verdad encarcelarme por la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de pensamiento, entonces que sea histórico”, expresó ante los medios de comunicación.
La investigación contra la dirigente se inició tras sus declaraciones en un ampliado político celebrado el pasado 12 de julio en Lauca Ñ, bastión del expresidente Evo Morales. En ese evento, Nina afirmó que “el Tribunal Electoral y el Gobierno, en vez de contar votos, van a contar muertos” el día de los comicios, una frase que generó críticas y llevó al Ministerio Público a abrir un proceso penal.
La Fiscalía considera que sus palabras podrían constituir instigación pública a delinquir, además de representar una amenaza directa al desarrollo pacífico del proceso electoral. Sin embargo, la defensa sostiene que las expresiones fueron meramente políticas y que no deben ser judicializadas.
“No he cometido ningún delito, al contrario, estoy aquí (…) frente a los atropellos y denuncias infundadas”, afirmó Nina en su declaración final antes de ser trasladada a celdas policiales.
Su abogado insistió en que las declaraciones realizadas durante el ampliado “no dejan de ser simples expresiones polémicas que no pueden constituirse en un delito penal”. Asegura además que la aprehensión vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y el debido proceso.
El caso ha generado reacciones encontradas en distintos sectores políticos y sociales, algunos de los cuales cuestionan el uso del aparato judicial frente a declaraciones de carácter político, mientras que otros consideran que expresiones como las de Nina podrían incitar a la violencia y deben ser sancionadas conforme a la ley.
Por el momento, se espera que en las próximas horas se defina si el Ministerio Público solicitará la detención preventiva de la dirigente o si será liberada mientras continúa la investigación.
