La Cámara de Diputados aprobó una ley que amplía el arraigo de exautoridades, en el marco de los procesos judiciales en curso por presuntos hechos de corrupción, irregularidades administrativas y delitos contra el Estado.
La norma extiende los plazos y alcances de la medida restrictiva, con el objetivo de garantizar la presencia de los investigados en los procesos, evitar riesgos de fuga y asegurar la continuidad de las investigaciones fiscales y judiciales.
Desde el ámbito oficial se explicó que la ampliación del arraigo busca fortalecer la capacidad del sistema judicial para actuar en casos de alta complejidad, donde las investigaciones requieren mayor tiempo para la recolección de pruebas, peritajes técnicos, auditorías y análisis documentales.
Sectores del oficialismo defendieron la norma señalando que se trata de una herramienta legal para combatir la impunidad y la corrupción, mientras que sectores de oposición y organizaciones civiles advirtieron sobre el riesgo de uso político del sistema judicial, vulneración de derechos fundamentales y afectación al debido proceso.
Especialistas en derecho constitucional señalaron que cualquier ampliación de medidas restrictivas debe estar acompañada de controles judiciales estrictos, límites claros y garantías legales, para evitar abusos de poder y vulneraciones a derechos humanos.
