El Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, Roger Mariaca Montenegro, y la Fiscal de la Nación del Perú, Delia Espinoza Valenzuela, participaron junto a sus equipos técnicos especializados en la “Reunión Técnica Binacional Perú-Bolivia: Disrupción de las Redes de Trata de Personas y Estrategias Antilavado en Contexto de Economías Ilegales”, celebrada en Lima, Perú. El objetivo principal fue fortalecer la cooperación bilateral y las capacidades técnicas de las y los fiscales de ambos países para enfrentar delitos complejos, como la trata de personas y el lavado de activos, mediante una investigación penal más efectiva y coordinada.
“La trata de personas y el lavado de activos son delitos profundamente conectados con estructuras criminales transfronterizas, por ello, necesitamos respuestas coordinadas, basadas en el intercambio de información en tiempo real, investigaciones conjuntas y el compromiso firme de nuestras instituciones para adoptar enfoques comunes frente al crimen transnacional que le hace tanto daño a nuestros países, pero sobre todo a la población”, sostuvo Mariaca.
La primera jornada de la reunión técnica se realizó el 28 de agosto de 2025 en las instalaciones del Ministerio Público del Perú, y la segunda el 29 de agosto en la sede de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), también en Lima. Esta iniciativa fue promovida por la UNODC, la Jefatura Nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado de Bolivia y la Fiscalía de la Nación del Perú.
Durante el evento, se discutieron estrategias conjuntas para implementar herramientas de cooperación judicial internacional, como los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), órganos mixtos de investigación e investigaciones paralelas coordinadas, ajustadas a las particularidades de los casos planteados. Estas herramientas buscan respuestas más eficaces frente a redes criminales que operan en ambos lados de la frontera.
El intercambio de experiencias entre fiscales de ambos países permitirá fortalecer las investigaciones, brindar mejor protección a las víctimas y perseguir penalmente a las organizaciones que se benefician de la vulnerabilidad humana y la economía ilícita regional.
