El dirigente de la Federación de Transporte Urbano Chuquiago Marka, Santos Escalante, otorgó un plazo de 48 horas al Gobierno para atender las demandas del sector relacionadas con el resarcimiento por los daños que, según denuncian, habrían sufrido sus vehículos debido a la presunta mala calidad de la gasolina. La advertencia fue realizada durante una conferencia de prensa en la ciudad de La Paz, donde el dirigente señaló que, de no existir una respuesta, los transportistas iniciarán movilizaciones frente al Ministerio de Trabajo y las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Escalante explicó que una de las principales exigencias del sector es la compensación por los daños ocasionados a los motorizados, además de la implementación de un periodo de gracia para los transportistas que mantienen deudas con el sistema financiero y que, debido a los perjuicios sufridos, tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones.
El dirigente también cuestionó el funcionamiento del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), plataforma habilitada por el Gobierno para registrar los reclamos de los propietarios de vehículos afectados. Según afirmó, algunos transportistas no han podido ingresar sus denuncias debido a fallas en el sistema o a requisitos que no se habrían acordado previamente con las autoridades.
Entre las observaciones, Escalante mencionó que la plataforma exige que el RUAT esté registrado a nombre del propietario, requisito que —según dijo— no fue parte de los acuerdos alcanzados con el Gobierno, considerando que una gran parte de los transportistas no realizó el traspaso formal de documentos al momento de adquirir sus vehículos.
Asimismo, sostuvo que el cronograma establecido por las autoridades para el registro de los motorizados afectados no se estaría cumpliendo, ya que hasta la fecha no se habría logrado registrar ni el 30% de los vehículos dañados dentro del sistema habilitado para este proceso. Ante esta situación, el sector transporte espera ser convocado a una reunión de evaluación con las autoridades en el plazo establecido.
