El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha reiterado que el tiempo se agota para garantizar la convocatoria de las elecciones subnacionales de 2026. La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene hasta esta semana para aprobar la norma transitoria que permitirá lanzar oficialmente el proceso. De no hacerlo, el cronograma previsto para marzo corre el riesgo de quedar comprometido, pues la ley exige al menos 120 días de anticipación entre la convocatoria y la jornada de votación.
Los vocales del TSE han advertido que la magnitud del proceso —más de 5.000 cargos en disputa y cientos de papeletas distintas en todo el país— requiere una logística compleja que no admite retrasos. El empadronamiento, la inscripción de candidaturas y la organización de campañas dependen de que la convocatoria se emita de inmediato. Incluso la posibilidad de una segunda vuelta para gobernadores podría verse afectada si los plazos se reducen más de lo permitido.
La presión ahora recae sobre la Cámara de Diputados, que debe dar luz verde al proyecto de ley. Sin esa aprobación, no solo se pondría en riesgo la fecha de la elección, estimada para el 22 de marzo de 2026, sino también la asignación de recursos que rondan los 300 millones de bolivianos. El TSE insiste en que la estabilidad institucional y el cumplimiento de la normativa dependen de una decisión urgente que no puede postergarse más.
