Ante la creciente conflictividad social en el país, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, hizo un llamado urgente al Gobierno, sectores movilizados y actores políticos para prevenir un agravamiento de la situación, priorizando la vida y los derechos humanos de la población.
“Es crucial evitar una escalada de la conflictividad social. Exhortamos a los sectores movilizados a actuar sin violencia y a la Policía a intervenir respetando los estándares internacionales de derechos humanos. Autoridades y sectores deben comprometerse a preservar el bien más preciado: la vida de las y los bolivianos”, destacó Callisaya.
La Defensoría del Pueblo desplegó personal a nivel nacional para monitorear posibles vulneraciones de derechos humanos durante las protestas. En Oruro, se verificaron bloqueos en Challapata y la comunidad Peñas; en Chuquisaca, el paro de 24 horas del transporte federado transcurrió sin incidentes graves. En La Paz y El Alto, las movilizaciones no reportaron violaciones a los derechos humanos ni detenciones.
En Cochabamba, el seguimiento incluyó dos incidentes que resultaron en 10 policías heridos. Siete agentes sufrieron politraumatismos y TEC moderado en Bombeo, mientras que tres resultaron lesionados por un presunto explosivo cerca de la refinadora de YPFB – Valle Hermoso.
“La crisis económica no puede seguir siendo ignorada. Es tiempo de enfrentarla con soluciones concretas y responsables, dejando de lado cálculos políticos que solo agravan la situación”, concluyó Callisaya.
La Defensoría reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos e insta a resolver la crisis mediante diálogo, respeto y responsabilidad institucional, garantizando una salida pacífica y democrática.
