La Defensoría del Pueblo celebró la aprobación del proyecto de Ley N.º 181/2024-2025, que establece una política de reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Bolivia. El defensor Pedro Callisaya calificó la norma como un avance histórico en la búsqueda de justicia, memoria y garantías de no repetición, especialmente para quienes sufrieron durante periodos de represión y quiebre constitucional. La ley fue sancionada por la Cámara de Senadores y ahora espera su promulgación por el Órgano Ejecutivo.
El proyecto contempla medidas concretas como compensación económica, atención médica y psicológica, acceso a educación, programas de reintegración social y reconocimiento público. La Defensoría del Pueblo jugó un rol activo en el proceso legislativo, brindando asistencia técnica, facilitando el diálogo entre víctimas y autoridades, y asegurando que sus propuestas fueran incorporadas en el texto final. Este acompañamiento se realizó en coordinación con el Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Callisaya instó al Ejecutivo a promulgar la ley sin dilaciones, subrayando que “sin justicia, no hay democracia ni paz duradera”. La aprobación de esta norma refuerza el compromiso institucional con los derechos humanos y representa una oportunidad para reconstruir la confianza de las víctimas en el Estado. La Defensoría reafirma así su papel como garante de los derechos fundamentales y como promotora de políticas públicas orientadas a la reparación y la reconciliación.
