La Defensoría del Pueblo denunció las agresiones físicas, verbales y hostigamientos que enfrentan periodistas y trabajadores de prensa, como el caso reciente de una periodista investigadora ambiental en La Paz, quien fue amenazada y restringida para cubrir un evento, a pesar de estar en muletas por motivos de salud.
La institución recordó que la libertad de expresión y el acceso a la información son derechos humanos protegidos por la Constitución Política del Estado (artículos 106 y 107) y el Acuerdo de Escazú, que garantizan el derecho a la información ambiental y la participación pública.
Calificando como inaceptable cualquier censura o restricción al trabajo periodístico, la Defensoría exigió al Gobierno garantías para un acceso libre, equitativo y seguro de los periodistas a la información pública, sin discriminación. También solicitó una investigación inmediata e imparcial sobre las amenazas sufridas por la periodista.
Finalmente, expresó su solidaridad con los comunicadores y reafirmó su compromiso con la defensa de la libertad de expresión como base para una ciudadanía informada y vigilante.
